El conflicto por Playa Las Cocinas entró en una nueva etapa: la población de Punta de Mita no aceptó la propuesta de reducir la defensa de la zona pública a una franja de apenas cinco metros y mantiene su exigencia de que se respete la Zona Federal Marítimo Terrestre, de 20 metros, como marca la normatividad mexicana. Mientras la obra continúa avanzando en la zona costera, los habitantes analizan qué tipo de acciones emprenderán en los próximos días, con una ruta inicial de movilizaciones pacíficas para visibilizar el problema.
La inconformidad se sostiene en un punto central: para los pobladores, cinco metros no representan una solución, sino una concesión mínima frente a lo que consideran un riesgo de privatización, desplazamiento comunitario y afectación ambiental. De acuerdo con la Profepa, la Zona Federal Marítimo Terrestre es una franja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa; además, la Ley General de Bienes Nacionales establece que el acceso a las playas marítimas y a la Zofemat no puede ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo los casos previstos en reglamento.
El caso ya escaló de una disputa local a un conflicto político y social de alcance nacional. Medios nacionales han documentado que vecinos denuncian la cercanía de la obra con el mar, la colocación de rocas y maquinaria pesada, así como la presunta invasión de la zona federal y afectaciones a un área señalada por los habitantes como zona de desove de tortugas. También se reportó la detención temporal de tres manifestantes durante las protestas, episodio que elevó la tensión y reforzó el reclamo de que la defensa de la playa no debe ser criminalizada.
En este contexto, el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, enfrenta un rechazo creciente entre los manifestantes. Según los testimonios y publicaciones difundidas por integrantes de la comunidad, el edil ya no es considerado un interlocutor confiable por una parte del movimiento y habría sido desinvitado de reuniones comunitarias, ante la percepción de que el Gobierno Municipal es cómplice de este atropello y por eso no ha logrado detener las obras ni garantizar una salida clara a favor del pueblo. En días previos, durante un diálogo con inconformes, Santana sostuvo que el tema era de competencia federal y que no estaba en sus facultades frenar los trabajos, argumento que no convenció a quienes exigen una defensa más firme desde el municipio.
A la tensión por la obra se sumaron denuncias de presuntas amenazas contra activistas y pobladores. El caso más visible es el del activista Pepe Ávila, quien, según publicaciones locales, afirmó temer por su seguridad en medio del conflicto por Playa Las Cocinas. En videos y textos compartidos en redes sociales, habitantes de Punta de Mita han señalado presencia de camionetas sospechosas, mensajes intimidatorios y un ambiente de presión contra quienes participan en la defensa de la playa. Hasta ahora, esas denuncias deben ser investigadas formalmente por las autoridades competentes, pero políticamente ya forman parte del clima de desconfianza que rodea el conflicto.
La Secretaría de Gobernación informó que mantiene atención institucional y diálogo para garantizar el acceso público a Playa Las Cocinas, con participación de autoridades federales, estatales, representantes de la empresa desarrolladora y pobladores. Sin embargo, para la comunidad, el acceso no basta si la obra consolida una reducción material del espacio público o deja como resultado una playa prácticamente pegada a muros, rocas o infraestructura privada.
Por ahora, los habitantes han decidido mantener acciones pacíficas. Entre las actividades que se analizan o preparan están una nadada en paddle para visibilizar desde el mar la defensa de Playa Las Cocinas, así como presencia informativa en el tianguis de La Cruz de Huanacaxtle, donde buscarán explicar a más ciudadanos y visitantes por qué rechazan la propuesta de cinco metros y por qué insisten en que se respeten los 20 metros de zona federal marítimo terrestre.
El mensaje comunitario, difundido por páginas locales de Punta de Mita, resume el estado actual del movimiento: no aceptan “migajas”, no quieren que el conflicto se cierre con una negociación que consideran insuficiente y sostienen que la playa pertenece al pueblo. La comunidad también ha planteado actividades culturales, mesas de trabajo y formas de organización interna para sostener la protesta sin caer en confrontaciones, pese a que las obras continúan y la inconformidad sigue abierta.
Así, Playa Las Cocinas permanece como un conflicto sin solución de fondo. La empresa y las autoridades deberán demostrar permisos, límites, impacto ambiental y garantías reales de acceso público; la población, mientras tanto, se mantiene en pie de lucha. Lo que empezó como una protesta por una obra costera se convirtió ya en una defensa más amplia de identidad, territorio y derecho público: Punta de Mita no aceptó los cinco metros, rechazó la conducción política del alcalde Héctor Santana y ahora decide sus siguientes pasos bajo una consigna clara: por movilización pacífica, pero sin rendirse. Y considerar nuevos bloqueos si no pasa nada nuevo.
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