La demolición del puente de La Desembocada, en Puerto Vallarta, derivó este martes en una tragedia que hoy abre más preguntas que respuestas. Una explosión registrada durante las maniobras de derribo de la estructura dejó como saldo un trabajador f@llec1d0 y otro más lesionado, luego de que presuntamente se activara un artefacto explosivo que se encontraba en la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras maquinaria realizaba labores de demolición en una seción ya caída del puente. Versiones preliminares señalan que el operador de maquinaria habría activado accidentalmente un explosivo que se encontraba en el piso, lo que provocó la detonación y la proyección de fragmentos que impactaron a los trabajadores. Uno de ellos, identificado como Ricardo, vecino de San Vicente, perdió la vida tras recibir un golpe en la cabeza.
Tras el incidente, la zona fue acordonada por soldados y policías estatales, mientras elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia activaron protocolos para atender a los heridos y permitir el inicio de las investigaciones periciales que determinen con precisión qué fue lo que ocurrió.
Sin embargo, la situación tomó un giro delicado luego de que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco, David Zamora Bueno, confirmara que en el plan técnico de demolición no se contemplaba el uso de explosivos, y que el artefacto que detonó sería “ajeno a la obra”. Esto abre la posibilidad de que el material explosivo estuviera relacionado con los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero en la región, cuando grupos delictivos realizaron bloqueos y ataques en distintas zonas.
A partir de este señalamiento surge una inquietud inevitable entre la población y observadores del caso: si existía la posibilidad de que el puente hubiera sido intervenido previamente con explosivos, ¿se realizaron las revisiones exhaustivas necesarias antes de iniciar los trabajos de demolición? La presencia de un artefacto activo en plena zona de obra plantea dudas sobre los protocolos de seguridad aplicados antes de permitir el ingreso de maquinaria y trabajadores.
Especialistas en seguridad señalan que, ante escenarios donde existe antecedente de violencia o sabotaje, suele recurrirse a inspecciones especializadas con unidades antibombas o equipos de detección para descartar riesgos. En este caso, hasta el momento no se ha informado públicamente si se realizó un barrido completo con este tipo de protocolos antes de comenzar las maniobras.
El hecho de que un explosivo permaneciera en la estructura hasta el momento de la demolición —y que detonara durante las labores— ha llevado a cuestionamientos sobre una posible falla en la verificación de seguridad previa, lo que podría configurar un escenario de negligencia si se confirma que no se agotaron todas las medidas de revisión.
Incluso, ha asustado a la población, porque durante de varios días, el puente siguió usándose de manera peatonal para cruzar y que los viajeros del transporte público transbordaran, por lo que aún miles de personas pasaron la estructura que ahora vemos, estaba cargada con explosivos activos.
Mientras tanto, la incertidumbre permanece. Autoridades mantienen el área acordonada y continúan las investigaciones para determinar el origen del artefacto y si existe la posibilidad de que haya más materiales explosivos en la zona. La prioridad inmediata, señalan fuentes oficiales, es garantizar que el sitio sea completamente seguro antes de continuar cualquier tipo de trabajo.
La tragedia ha dejado no solo una víctima mortal, sino también un fuerte debate público sobre la responsabilidad en la seguridad de las obras y la obligación de garantizar que, antes de iniciar cualquier intervención, no exista el más mínimo riesgo para quienes trabajan en el lugar, especialmente de después de sucesos delictivos. Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿porqué no se aseguraron de que el puente estaba limpio? ¿Fue por la presión política de iniciar la reconstrucción del lugar?
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