El Ayuntamiento de Puerto Vallarta se ha convertido en un hervidero de paranoia y sospechas. El régimen del «tucán» —el gobierno municipal emanado del Partido Verde— se encuentra bajo un asedio legal sin precedentes por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco (FECCJ).
La consigna es clara y letal: detectar y erradicar la red de «aviadores» que desangra las finanzas públicas, cobrando sueldos íntegros sin siquiera conocer su oficina. Y es que la Fiscalía Anticorrupción, dotada de autonomía técnica y presupuestal según el Artículo 53 de la Constitución de Jalisco, ha intensificado su presencia en la costa, ya desde la administración pasada.
Su labor no es nueva en el puerto: recordemos como apenas en marzo de 2025, dos ex oficiales mayores Administrativos de Puerto Vallarta, Rafael “N” y Lucio “N”, fueron vinculados a proceso precisamente por permitir que trabajadores cobraran sin cubrir horarios, incurriendo en delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones, mientras que a mediados del año pasado, una ex regidora, Carla Esparza, fue arrestada acusada por la Fiscalía de tener a un sobrino y yerno trabajando sin cobrar en el Ayuntamiento. Estos golpes fueron solo el preludio de la tormenta que hoy amenaza con desmantelar la nómina actual.
En los pasillos de cada dependencia, el nerviosismo es palpable. Los encargados de Recursos Humanos (RH) de cada jefatura o dirección, se han convertido en las piezas clave de este tablero de ajedrez. Bajo una presión asfixiante e ineludible, estos funcionarios están siendo orillados a actuar como los próximos «Judas» del régimen; la Fiscalía ha implementado mecanismos para que denuncien la existencia de nóminas fantasma, incluso sin notificar a sus superiores jerárquicos, así se trate del mismísimo alcalde o de algún regidor.
El programa de denunciantes protegidos ha fracturado la lealtad interna, dejando a los jefes de área en una vulnerabilidad absoluta ante el testimonio de sus propios subordinados.
Esta «amenaza» se ha recrudecido con la llegada del nuevo fiscal, Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez, quien tomó protesta el pasado 20 de enero con una advertencia fulminante: «no tengo padrinos».
Bajo su mando, la maquinaria judicial llega con cifras de terror para los corruptos: 7,981 carpetas de investigación abiertas y una efectividad del 75% en la conclusión de casos. Con 24 millones de pesos ya recuperados y la mira puesta en más de 40 funcionarios de alto nivel —incluyendo ex secretarios y ediles—, el nuevo fiscal ha dejado claro que la cacería no se detendrá en los mandos medios.
Pero si aún alguien en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta creía que su fuero o su color político los protegía, la realidad los golpeó con la fuerza de un rayo este 5 de febrero de 2026. El impactante «Operativo Enjambre», una maniobra coordinada entre fuerzas federales y estatales, logró la detención del mismísimo alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, junto con sus directores de Seguridad, Catastro y Obras Públicas por presuntos vínculos criminales, extorsión y corrupción.
Rivera Navarro, otrora poderoso edil, cayó en la madrugada, enviando un mensaje gélido a todo el estado: la era de la impunidad ha terminado y el «enjambre» puede aterrizar en cualquier municipio en cuestión de horas. No hay nadie a salvo, ni de las autoridades estatales, ni de las federales. Todos investigan.
El temor a perder una parte sustancial de la nómina por denuncias de corrupción ha paralizado la operatividad del Ayuntamiento Verde en Puerto Vallarta. Con la Fiscalía Anticorrupción operando células de inteligencia dentro de las dependencias y una sociedad local cada vez más enojada que denuncia con mayor confianza, el cerco se cierra. Las autoridades no buscan solo el dinero, sino a los responsables de la deshonestidad administrativa, y en esta cacería técnica, el «tucán» podría quedar desplumado si no rectifica y ata cabos, ante el peso de una ley que en estos operativos, ya no distingue entre colores ni jerarquías.