La tranquilidad de las vialidades de Puerto Vallarta está a punto de ser interrumpida, no por un incremento vehicular, sino por una polémica iniciativa de ordenamiento que introduce de lleno el sistema de fotomultas en el municipio.
Es el «¿maestro?»
y regidor ex emecista Víctor Manuel Bernal Vargas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Reglamentos, quien ha puesto sobre la mesa una reforma al Reglamento de Tránsito y Vialidad que, bajo el pretexto de la «seguridad vial» y la actualización tecnológica, genera un fuerte sentimiento de rechazo y escepticismo entre los ciudadanos, quienes ven en ella una medida desesperada de recaudación en lugar de una solución real a los problemas de movilidad.
La propuesta, formalizada en una Iniciativa de Ordenamiento Municipal, hace cuatro días, pone la idea de forma espontánea y sin socializar, como un pequeño regalo anticipado de Navidad para los vallartenses, porque sí, nuestro puerto se merece un sistema recaudatorio de primer mundo y de capital de estado.
Esta propuesta contempla la adición de un Capítulo VII: «De la Tecnología en materia de Tránsito y Vialidad». El apartado permite a la Subdirección de Tránsito implementar dispositivos electrónicos como radares y cámaras para la detección de infracciones, especialmente la circulación a velocidad superior a la permitida.
Los aparatos, según el documento, deberán instalarse preferentemente en zonas con alto índice de siniestros. Porque sí, como usted bien sabe, en Puerto Vallarta existen como 5 viaductos, 3 anillos periféricos y 4 avenidas transversales, con 6 y 8 carriles, donde los conductores se dan rienda suelta en el volante.
Precisamente la ironía de esta medida radica en que Puerto Vallarta, a diferencia de otras grandes metrópolis, carece de grandes avenidas o vialidades donde las altas velocidades sean el principal factor de riesgo, pues el tráfico constante y el diseño urbano obsoleto limitan drásticamente la velocidad real de circulación, llevando a pensar a muchos que el objetivo es cazar infractores en los pocos tramos donde esto es posible.
Uno de los detalles técnicos que más irritación causa es el ajuste en el cálculo de las sanciones. La iniciativa, promovida por Bernal Vargas, sustituye el Salario Mínimo como base para las multas por la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Esta desvinculación, si bien se justifica legalmente por una reforma constitucional federal, tiene un efecto inmediato y tangible en el bolsillo del ciudadano: el valor de las multas se dispara.
Por ejemplo, no respetar la luz roja del semáforo pasa de una sanción equivalente a ocho días de salario mínimo a 22 veces la UMA. Esto refuerza la percepción de que la «armonización» reglamentaria es solo un eufemismo para una estrategia fiscal agresiva.
Además, la nueva reglamentación establece que las evidencias obtenidas por estos dispositivos tecnológicos serán de «carácter irrefutable», lo que limita la capacidad del conductor de defenderse contra una multa. Para garantizar que nadie escape al nuevo esquema, la iniciativa también prevé mecanismos para retener provisionalmente documentos o placas de conductores foráneos y gestionar convenios con la Secretaría de Finanzas del Estado para el cobro de estas infracciones.
En esencia, el Regidor Víctor Bernal, al abrazar y promover esta tecnología, parece celebrar más el mecanismo de recaudación que la mejora genuina de la seguridad. La falta de inversión en infraestructura vial y la desatención a los problemas crónicos del tráfico en Vallarta hacen que esta medida de alta tecnología parezca una imposición desproporcionada, enfocada en exprimir recursos de una población que ya batalla con una movilidad precaria. La pregunta que queda en el aire es: ¿Se trata de salvar vidas o de sanear las arcas municipales a costa del ciudadano?