El Centro Universitario de la Costa insiste en que continuará con el proyecto de conservación de la tortuga casquito de Vallarta, pero el anuncio dejó más dudas que certezas: luego del robo de 55 ejemplares entre diciembre de 2024 y enero de 2025, la rectora María Esther Avelar Álvarez no informó medidas extraordinarias inmediatas, verificables y suficientes para blindar a una especie endémica de Puerto Vallarta y altamente vulnerable al tráfico ilegal.
De acuerdo con la información difundida por medios locales, Avelar Álvarez señaló que autoridades federales acudieron recientemente al CUCosta para supervisar las condiciones del sitio y evitar que se repita el robo. Sin embargo, su respuesta se concentró en decir que “el proyecto continúa” y que se analiza la posible reubicación del laboratorio donde se mantienen los ejemplares, lo que implica un trámite futuro sujeto a normas técnicas y autorizaciones, no una acción inmediata de protección reforzada.
El antecedente es grave. El robo no fue menor ni simbólico: fueron 55 tortugas casquito de Vallarta sustraídas del centro universitario en dos episodios distintos, 40 en diciembre de 2024 y 15 más en enero de 2025. La FGR incluso solicitó al CUCosta cuantificar los daños ocasionados por el robo, lo que confirma que el caso pasó del terreno ambiental al penal y patrimonial.
La dimensión del descuido crece al recordar cómo ocurrió la sustracción. Reportes nacionales señalaron que dos sujetos ingresaron al CUCosta haciéndose pasar por inspectores de Profepa; tras ello, la universidad presentó denuncia por allanamiento, fraude y abuso de confianza. Otros medios reportaron que los ladrones rompieron cercas del centro universitario para extraer los ejemplares.
Por eso, la postura actual de la rectoría resulta insuficiente. No basta con decir que hubo visita de la autoridad federal ni que existe interés en revisar condiciones. Después de un robo de esa magnitud, lo mínimo esperable sería informar protocolos nuevos, vigilancia permanente, control estricto de accesos, bitácoras públicas de resguardo, cámaras, personal especializado, coordinación documentada con Profepa y Semarnat, y un plan de emergencia para impedir otro saqueo. Nada de eso aparece explicado con claridad en la versión difundida.
La tortuga casquito de Vallarta no es cualquier especie. Se trata de una especie endémica y en riesgo; incluso ha sido señalada como protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y listada en el Apéndice I de CITES, el nivel de mayor protección internacional frente al comercio de especies amenazadas. En ese contexto, mantener un discurso administrativo después de la pérdida de 55 ejemplares parece más una estrategia de control de daños que una respuesta institucional proporcional.
La rectora también informó que se encuentran en la etapa de buscar que les regresen los ejemplares que tiene el gobierno, pero hasta ahora no se ha precisado públicamente cuántos fueron recuperados, en qué condiciones están, dónde permanecen, bajo qué dictamen veterinario o cuándo volverían al proyecto. Medios locales han señalado que los ejemplares sustraídos no han sido devueltos y que se realizan gestiones para su recuperación.
El problema no es que el CUCosta mantenga el proyecto; el problema es que lo mantenga sin explicar cómo evitará repetir la misma falla. Si el robo ocurrió con personas que se hicieron pasar por autoridad ambiental, entonces la seguridad no falló por accidente: falló en identificación, control de ingreso, vigilancia física, reacción institucional y protección de una especie cuya custodia exigía estándares superiores.
La negligencia no se mide solamente por el robo consumado, sino por la respuesta posterior. A más de un año de los hechos, la autoridad universitaria sigue hablando de supervisiones, gestiones y posibles reubicaciones, pero no de un blindaje inmediato y comprobable. Para una institución que resguarda una especie endémica de Puerto Vallarta, ese margen de ambigüedad es inaceptable.
El CUCosta tiene una responsabilidad científica y ética mayor: no solo investigar y conservar, sino garantizar que los ejemplares bajo su resguardo no vuelvan a convertirse en botín del tráfico ilegal. Si la rectoría no presenta un plan claro, público y verificable, la continuidad del proyecto quedará marcada por una pregunta incómoda: ¿cómo puede una universidad conservar una especie si ni siquiera pudo protegerla dentro de sus propias instalaciones?
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