La gestión de Citlali Peña Dueñas al frente de la Dirección de Bienestar Animal de Puerto Vallarta enfrenta un desgaste cada vez más visible entre ciudadanos, rescatistas y colectivos, que la señalan por un desempeño negativo al frente de una dependencia que, sostienen, no ha logrado responder con eficacia a denuncias de maltrato, abandono y omisión en la atención de animales en riesgo. En lugar de consolidarse como una instancia de protección real, la oficina acumula reclamos por falta de seguimiento, escasos resultados públicos y una creciente percepción de indiferencia institucional. Eso sí: cobran un sueldo del erario los empleados.
Uno de los casos que ha vuelto a encender la inconformidad social es el de un perrito reportado en la delegación de Las Juntas, cuyo estado callejero, en desnutrición y abandono, fue exhibido en imágenes difundidas por ciudadanos. En esa denuncia pública se acusa directamente a la Dirección de Bienestar Animal, encabezada por Citlali Peña Dueñas, de no haber atendido oportunamente el reporte. El perrito fue rescatado por ciudadanos ya muy enfermo y esperan que sobreviva. Para rescatistas y vecinos, este caso no sería aislado, sino reflejo de una práctica reiterada en la que los reportes se reciben, pero no necesariamente derivan en acciones rápidas, inspecciones suficientes o medidas de protección claras para los animales afectados.
Las críticas no se limitan a casos individuales. Diversos sectores sostienen que la dependencia no ha hecho lo necesario para regular y mejorar la situación de los perros en condición de calle en Puerto Vallarta, un problema que sigue presente en colonias, delegaciones y vialidades del municipio. También cuestionan la falta de una estrategia efectiva y constante para atender a mascotas maltratadas, así como la ausencia de resultados medibles que permitan conocer cuántos reportes fueron atendidos, qué sanciones se impusieron y qué acciones concretas se emprendieron para corregir la problemática.
A ello se suma el señalamiento de que no existe un seguimiento adecuado a las denuncias ciudadanas. Quienes acuden a la dependencia para reportar animales heridos, desnutridos o víctimas de violencia aseguran que con frecuencia no obtienen respuesta suficiente o simplemente no conocen el desenlace de sus casos. Esa falta de trazabilidad institucional ha reforzado la percepción de que la Dirección de Bienestar Animal opera con opacidad y sin la contundencia que exige una ciudad con un problema evidente de abandono y maltrato animal.
Bajo ese contexto, la figura de Citlali Peña Dueñas ha quedado en el centro de la crítica pública. Lo que para la autoridad podrían ser limitaciones operativas, para ciudadanos y colectivos ya es leído como un desempeño deficiente en una responsabilidad sensible, donde la omisión también tiene consecuencias. Mientras no haya reacción efectiva, seguimiento real a los reportes y una política firme para enfrentar la crisis de animales callejeros y mascotas maltratadas, la gestión de Bienestar Animal seguirá siendo vista por amplios sectores como una administración rebasada, ineficaz y distante de la urgencia social.
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