Pese a la visita de autoridades, entre ellas al menos dos diputadas y personal identificado por ciudadanos como representantes de instancias ambientales federales como la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), así como a las múltiples reuniones, protestas y reclamos sociales realizados en torno a Playa Cocinas, en Punta de Mita, los trabajos dentro de la zona costera continúan y la inconformidad vecinal no ha disminuido. Por el contrario, habitantes y colectivos sostienen que no existe hasta ahora una respuesta efectiva que frene la intervención sobre la playa ni una acción clara del Gobierno Municipal para atender un conflicto que ya escaló del plano comunitario al ambiental y legal.
Las obras y trabajos de la maquinaria continúan sobre la línea de zona federal marítimo terrestre hasta agotarla, sin ninguna pausa. Destruyendo la zona recreativa que pertenece a todos.
De acuerdo con los señalamientos públicos difundidos por ciudadanos y organizaciones locales, en el sitio siguen observándose maniobras con maquinaria pesada, colocación de cuerdas con anclajes y obras preliminares que, según denuncian, apuntan al montaje de un espigón o estructura similar sobre la franja costera. En paralelo, los inconformes advierten que estas acciones no solo modifican el entorno natural de la playa, sino que además representan un riesgo físico para quienes intentan ingresar o transitar por la zona, pues la presencia de materiales, amarres y puntos de sujeción podría provocar lesiones a visitantes y residentes.
La molestia social también se concentra en la omisión de la autoridad municipal, a la que diversos sectores acusan de mantenerse al margen de un problema que compromete el carácter público de la playa. Aunque el tema ya ha sido expuesto ante dependencias federales y ha motivado pronunciamientos ciudadanos, hasta el momento no se percibe una intervención firme desde el ámbito local para garantizar libre acceso, seguridad para las personas y protección del ecosistema costero. Esa ausencia institucional ha alimentado la percepción de que, en los hechos, se está permitiendo una ocupación progresiva de un espacio que pertenece a todos.
Para vecinos y activistas, lo que ocurre en Playa Cocinas no puede reducirse a una simple controversia entre particulares, sino que constituye un caso emblemático de cómo las playas públicas pueden ir cerrándose de manera paulatina mediante obras, obstáculos y restricciones de hecho. Sostienen que, aunque no exista una prohibición formal visible, la colocación de infraestructura, anclajes y delimitaciones termina por inhibir el uso libre del litoral, desplazar a la comunidad y favorecer una apropiación material de la costa.
En ese contexto, la exigencia ciudadana se mantiene: detener de inmediato las obras cuestionadas, transparentar permisos, aclarar el alcance real de la intervención y restituir condiciones seguras de acceso a Playa Cocinas. Mientras eso no ocurra, el conflicto seguirá creciendo como un símbolo de la disputa por el litoral de Punta de Mita, donde cada metro de playa intervenido refuerza el temor de que el acceso público al mar continúe reduciéndose ante la pasividad de las autoridades.
Pese a los múltiples videos virales a nivel nacional en redes sociales de personas que están exponiendo la situación, nada nuevo se ha logrado. Y playa Cocinas marcha con rumbo a pertenecer a privados.
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