El conflicto por el uso y acceso a las playas en la franja turística de Punta de Mita–La Cruz de Huanacaxtle continúa escalando, pese a que autoridades ya sostuvieron acercamientos con habitantes y atendieron sus planteamientos. La inconformidad social no ha disminuido. Por el contrario, crece entre pobladores que denuncian un incremento desmedido de desarrollos inmobiliarios que, aseguran, están reduciendo la playa, afectando el ecosistema y limitando el libre tránsito.
De acuerdo con testimonios recabados en la zona y publicaciones recientes, vecinos de Punta de Mita y comunidades como Corral del Risco consideran que la intervención de autoridades ambientales y municipales ha sido insuficiente frente al ritmo de construcción con maquinaria pesada en áreas costeras. Señalan que, aunque han sido escuchados, no observan acciones contundentes que detengan lo que califican como “excesos” en la ocupación del litoral.
La molestia ha derivado en una nueva convocatoria a manifestación pública, como lo refleja el cartel difundido en redes sociales, donde se llama a defender la playa conocida como “Las Cocinas”. En este contexto, la exigencia central se mantiene: mayor control sobre las obras, respeto a los límites legales de la zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT) y garantía de acceso libre para la población.
El marco legal en México es claro. La Zona Federal Marítimo Terrestre está definida como una franja de 20 metros de ancho contigua a la playa, considerada bien de dominio público de la Nación . Esto implica que no puede ser privatizada, sino únicamente concesionada bajo condiciones estrictas por la autoridad federal, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Además, la Ley General de Bienes Nacionales, tras reformas recientes, establece que el acceso a playas y a la ZOFEMAT no puede ser restringido, obstaculizado ni condicionado, garantizando su carácter libre y gratuito para todas las personas . Incluso, el cierre de accesos o limitación del paso puede derivar en sanciones económicas y la revocación de concesiones .
Sin embargo, en la práctica, habitantes denuncian que el crecimiento de complejos turísticos y obras de contención —como muros o rellenos— está generando una reducción efectiva del espacio de playa y, en algunos casos, dificultando el acceso físico, lo que interpretan como una privatización de facto. Esta situación, aseguran, contradice el espíritu de la legislación vigente.
A la par, también expresan preocupación por el impacto ambiental. La modificación del litoral, la colocación de roca y el uso de maquinaria pesada podrían alterar dinámicas naturales como la erosión, además de afectar hábitats costeros, lo que refuerza la exigencia de inspecciones más estrictas por parte de autoridades como SEMARNAT y PROFEPA.
Frente a este escenario, fue anunciada una movilización para este jueves 26 de marzo a las 5 de la tarde, en la plaza de Punta de Mita, misma que busca presionar para que las autoridades no solo escuchen, sino actúen. La demanda va más allá de un caso puntual: apunta a establecer un precedente sobre el equilibrio entre desarrollo turístico y protección del espacio público y ambiental.
Así, el conflicto en Punta de Mita no se limita a una obra en específico, sino que refleja una tensión creciente en destinos turísticos del país: el choque entre inversión inmobiliaria, conservación ambiental y el derecho ciudadano al uso libre de las playas, un derecho que, al menos en la ley, sigue siendo irrenunciable.
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