Colectivos de la diversidad en Puerto Vallarta han encendido la alerta ante lo que califican como un intento de privatización de espacios públicos durante la próxima edición del Vallarta Pride, luego de que surgieran reportes sobre la implementación de accesos condicionados, áreas reservadas y esquemas de “donativos” para ingresar a zonas que tradicionalmente han sido abiertas.
De acuerdo con las denuncias, la organización de ciertos eventos estaría operando bajo una lógica más cercana a la de un festival privado, donde el acceso depende de pagos o contribuciones, pese a tratarse de espacios públicos como calles y zonas urbanas que, por definición, deben ser de libre tránsito y acceso universal.
Colectivos como MOVii Diverso UdeG PV, Mujeres Diversas PV, Transties PV y Vallarta Trans señalaron que esta dinámica rompe con el principio fundamental del movimiento: la visibilidad libre, sin filtros económicos. Advirtieron que establecer barreras de acceso, aunque se presenten como “donativos”, termina excluyendo a sectores de la población y transforma un evento de carácter público en uno segmentado.
El señalamiento no solo es social, también apunta a posibles implicaciones legales. Activistas sostienen que condicionar el acceso en la vía pública podría contravenir reglamentos municipales, al tratarse de espacios que deben garantizar condiciones de apertura, inclusión y no discriminación.
Además, los colectivos cuestionan la falta de claridad en la organización del evento, particularmente en la definición de reglas de acceso, el uso de espacios públicos y los criterios bajo los cuales se autorizarían zonas exclusivas. En ese sentido, han exigido transparencia tanto al comité organizador como a las autoridades municipales sobre los permisos otorgados y las condiciones bajo las que se está permitiendo la realización de estas actividades.
La inconformidad crece ante la percepción de que intereses económicos podrían estar desplazando el sentido social del evento. Para los colectivos, convertir el acceso a espacios públicos en una experiencia condicionada por el pago no solo distorsiona el objetivo del Pride, sino que también vulnera el derecho de libre acceso a la ciudad.
El reclamo es claro: que no existan zonas restringidas ni mecanismos de cobro en espacios públicos, y que se respete el carácter abierto e incluyente del Vallarta Pride, evitando que se transforme en un evento exclusivo bajo criterios comerciales.
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