En un operativo de gran escala denominado «Operación Enjambre», las fuerzas federales detuvieron este jueves 5 de febrero a Diego Rivera Navarro, identificado legalmente como Diego «N», quien se desempeñaba como presidente municipal de Tequila, Jalisco.
La captura fue el resultado de una acción conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, derivado de múltiples denuncias ciudadanas por su probable participación en el delito de extorsión.
Esta acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruido por el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, quien informó del operativo.
Junto al alcalde, fueron asegurados otros tres funcionarios clave de la administración municipal: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Las autoridades señalaron que estos individuos presuntamente encabezaban una red de corrupción operada desde el Ayuntamiento, mediante la cual habrían implementado esquemas de extorsión contra empresas cerveceras, tequileras y comerciantes locales de la región, esto tras reportes de aumento de predial a dichas empresas en hasta 1900%.
Las investigaciones ministeriales continúan para determinar la situación jurídica de los detenidos conforme avancen los procesos legales establecidos. Las indagatorias también apuntan a una presunta relación de los implicados con célula de la delincuencia organizada, dedicada al cobro ilegal a empresarios y al desvío de recursos públicos.
Diego «N», ahora alcalde detenido de extracción morenista, es identificado por las autoridades federales como el supuesto líder de esta estructura criminal, en la cual habrían participado diversos servidores públicos municipales para facilitar las operaciones ilícitas en la zona. Este vínculo con el crimen organizado se suma a una serie de irregularidades detectadas previamente en la gestión del edil, quien ya se encontraba bajo la vigilancia de las corporaciones de seguridad pública.
Entre los antecedentes más polémicos de su administración destaca el denominado «Predialazo» de un mil novecientos por ciento, un incremento drástico al impuesto predial aplicado a las empresas tequileras locales. Asimismo, se le señalaba por haberse apropiado del Museo Nacional del Tequila para utilizarlo como su residencia particular y por ejercer actos de censura contra periodistas que cubrían notas críticas hacia su gobierno.
Por su parte, la dirigencia estatal de Morena en Jalisco emitió un comunicado oficial manifestando que su movimiento defiende el Estado de Derecho y que nadie está por encima de la ley. El partido aseguró ser respetuoso de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades, confiando en que se garantice el debido proceso pero subrayando que las responsabilidades deben asumirse conforme a la legalidad, sin privilegios ni excepciones para sus militantes.
Tras este operativo con la detención de un alcalde en el estado, muchos fueron tomados por sorpresa y se preguntan si hay más presidentes municipales en la mira de las autoridades federales.