Un fuerte operativo por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con apoyo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sacudió las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública de este puerto el pasado lunes 19 de enero. El objetivo hasta hace unas horas era un misterio, pero tras una rueda de prensa, se confirmaron los peores temores: era buscar indicios sobre el paradero de dos jóvenes originarios de Nayarit, de 25 y 27 años, cuya última ubicación conocida fue precisamente tras una detención por una presunta «falta administrativa» en dicha corporación.
Los hombres, uno de oficio barbero y otro desempleado, desaparecieron tras ser interceptados por uniformados municipales el pasado 2 de enero. Blanca Trujillo, Vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas, confirmó que no se descarta ninguna línea de investigación, incluyendo la desaparición forzada a manos de elementos policiales.
Durante la diligencia, el inmueble fue resguardado totalmente, restringiendo el acceso a civiles y a los propios trabajadores de la corporación mientras se revisaban registros administrativos, documentación y se realizaban entrevistas individuales a los elementos.
A pesar de la magnitud del operativo y la gravedad de las acusaciones, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta ha mantenido un hermetismo absoluto. Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial ni se ha informado sobre la situación jurídica de los mandos o elementos que estuvieron de turno durante la detención de los jóvenes.
Este silencio institucional alimenta un creciente clima de desconfianza. Ciudadanos y visitantes han denunciado de manera recurrente que los policías vallartenses utilizan cualquier pretexto o «falta administrativa» menor como excusa para detener personas con el único fin de extorsionarlas. El temor ahora es que estas prácticas hayan escalado a crímenes mayores.
La situación en Puerto Vallarta no es aislada. Según datos recientes, se han registrado casos de desaparición forzada vinculados a policías en 31 de las 125 comisarías de Jalisco. Aquellos oficiales que han llegado a recibir sentencia por estos delitos enfrentan condenas de hasta 40 años de prisión.
Mientras la investigación avanza, la sociedad civil espera respuestas claras de un Gobierno Municipal que, ante la crisis de seguridad y los señalamientos de corrupción, ha optado por la ausencia de palabras.