Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha dado una explicación oficial del caso.
En lo que representa un atropello directo a los derechos civiles y a la transparencia gubernamental, el Salón de Cabildo de Puerto Vallarta fue escenario de un acto de autoritarismo que evoca las épocas más oscuras de la censura política.
El activista y promotor cultural local, Edgar Dante Treviño Montes, fue expulsado por la fuerza pública bajo las órdenes directas de la regidora Laurel Carrillo, en un intento flagrante por silenciar una voz crítica del actual Gobierno Municipal.
Es necesario recordar a la regidora Carrillo que el Salón de Cabildo es, por definición jurídica y esencia democrática, un recinto público. La expulsión de Treviño durante la sesión del Consejo de Cultura —donde se discutía el presupuesto anual del sector— no es solo un acto de descortesía política, sino una violación a la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal.
Legalmente, este acto carece de sustento por las siguientes razones:
– Principio de Publicidad: las sesiones de los consejos y del pleno deben ser públicas, permitiendo el acceso a cualquier ciudadano, conforme a lo estipulado en las normativas de transparencia vigentes.
– Derecho de Participación Ciudadana: impedir la observación de un ciudadano sobre el manejo del erario constituye una restricción arbitraria que vulnera el derecho humano a la participación en los asuntos públicos.
– Abuso de Autoridad: utilizar a la Policía Municipal —cuyo deber es la seguridad pública— como una guardia personal para retirar a críticos incómodos, podría tipificarse como una desviación de poder y uso indebido de la fuerza.
No es casualidad que el blanco de este ataque sea Edgar Treviño. Conocido por su labor cultural y su postura firme frente a las irregularidades de la administración, Treviño se ha convertido en una piedra en el zapato para quienes prefieren la opacidad.
Al no tener argumentos para debatir sus críticas, la regidora Laurel Carrillo optó por el recurso del miedo: la escolta policial. ¿A qué le teme la regidora? Si el manejo del presupuesto cultural es transparente y honesto, no habría motivo para desalojar a un ciudadano interesado.
La censura aplicada hoy deja claro que, para ciertos sectores del gobierno, el «pueblo» solo es bienvenido si aplaude; de lo contrario, se le trata como un delincuente.
Hasta el momento de esta redacción, no existe una postura oficial ni un fundamento legal que justifique por qué se le negó la permanencia a Treviño. Este silencio solo confirma que estamos ante una represalia política.
El Cabildo no es la oficina privada de Laurel Carrillo ni de ningún regidor; es el corazón de la democracia municipal. Si las autoridades no sancionan este proceder, se estará enviando un mensaje peligroso: en Puerto Vallarta, criticar al gobierno es motivo suficiente para ser expulsado por la policía.