En una operación militar sin precedentes que ha sacudido el tablero geopolítico global, las fuerzas armadas de los Estados Unidos ejecutaron durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 un ataque a gran escala contra objetivos estratégicos en territorio venezolano.
El presidente Donald Trump confirmó desde la Casa Blanca que el operativo culminó con la captura y extracción del país de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran ahora bajo custodia estadounidense para enfrentar cargos por narcoterrorismo en Nueva York. Las incursiones comenzaron aproximadamente a las 1:50 a.m. con bombardeos coordinados en Caracas destinados a suprimir las defensas aéreas, seguidos de una maniobra de alta precisión por parte de unidades de operaciones especiales que lograron la detención del mandatario en una residencia oficial.
El saldo preliminar de la ofensiva arroja una cifra cercana a las 107 bajas, mientras que infraestructuras críticas como el aeropuerto militar de Caracas presentan daños severos, lo que ha llevado a la Administración Federal de Aviación (FAA) a prohibir cualquier operación aérea comercial sobre el espacio venezolano. Mientras en las calles de la capital se vive una tensa polarización entre sectores que celebran el suceso y milicias oficialistas que llaman a la resistencia, la comunidad internacional ha reaccionado de forma dividida.
En Washington, la fiscalía reafirmó que Maduro será juzgado por su presunta vinculación con cárteles de la droga, una acusación por la que existía una recompensa histórica de 50 millones de dólares, marcando el inicio de lo que la Casa Blanca califica como una era de justicia para la región.
Ante estos acontecimientos, el Gobierno de México ha fijado una postura de rechazo absoluto, condenando enérgicamente la intervención militar unilateral por considerarla una violación a la soberanía nacional. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México calificó el operativo como una «violación grave» al derecho internacional y a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. La mandataria mexicana enfatizó que el uso de la fuerza contra la independencia política de cualquier nación es inaceptable, recordando que la Constitución de México defiende los principios de no intervención y la solución pacífica de las controversias sobre cualquier otra vía.
La diplomacia mexicana hizo un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que intervenga de inmediato y asuma un papel protagónico en la desescalada de la violencia, advirtiendo que este tipo de acciones ponen en riesgo la estabilidad de toda América Latina, históricamente declarada como una zona de paz. México reafirmó su disposición para colaborar en esfuerzos de mediación que permitan una salida institucional y soberana a la crisis, evitando que el vacío de poder desemboque en un conflicto armado de mayores proporciones. Paralelamente, la Embajada de México en Venezuela lanzó una alerta consular instando a los connacionales residentes a permanecer en sus hogares y extremar precauciones ante el estado de emergencia.
A medida que la «niebla de guerra» comienza a disiparse, Venezuela entra en un escenario de incertidumbre absoluta con cortes de energía y el espacio aéreo clausurado, mientras el mundo observa si este ataque marca una transición democrática o el inicio de una crisis regional de largo alcance. La postura de México marca una distancia clara respecto a la estrategia de la Casa Blanca, priorizando el respeto a la soberanía por encima de las intervenciones forzadas. La atención global se centra ahora en la llegada de Maduro a suelo estadounidense y en la respuesta de las potencias aliadas del antiguo régimen venezolano, en un conflicto que apenas comienza a mostrar sus repercusiones totales.