La crisis de movilidad que asfixia a Puerto Vallarta vivirá uno de sus capítulos más absurdos este fin de año. Aunque la solución parcial al problema ya se encuentra físicamente en el municipio, estacionada y brillando bajo el sol, la burocracia política ha decidido ponerle freno de mano.
La entrega de la nueva flotilla de unidades de transporte público, vital para desahogar las rutas críticas de la ciudad, ha sido postergada oficialmente hasta enero de 2026.
La razón no obedece a fallas mecánicas ni a falta de permisos, sino a una cuestión de imagen: la agenda del gobernador Pablo Lemus Navarro no tiene espacio para Puerto Vallarta en lo que resta del año.
Fuentes al interior de la administración estatal han confirmado a la prensa vallartense que la prioridad absoluta del mandatario se ha volcado hacia la proyección de Jalisco como sede mundialista y los eventos relacionados con la Copa del Mundo.
Esta concentración de esfuerzos en la capital y en la marca estado ha desplazado las giras al interior, haciendo imposible agendar el tradicional «banderazo» de salida antes de que termine el 2025.
La directriz ha sido tajante: las unidades no entran en operación sin la fotografía oficial, el corte de listón y la presencia del ejecutivo. Esto ha provocado que, aunque los concesionarios y la Secretaría de Transporte ya cuentan con vehículos listos para operar, estos deban permanecer en «stand-by» forzoso en lotes baldíos. Algunos aún reciben la pintura y acabados finales, pero la mayoría están técnicamente listos para circular en las rutas.
La situación en los patios de resguardo es contrastante e indignante. Decenas de autobuses verdes del modelo «Mi Transporte», equipados con aire acondicionado y sistemas de prepago, se encuentran alineados acumulando polvo.
Si bien es cierto que un porcentaje de la flota aún está recibiendo rotulación o ajustes finales de validadores, existe un lote considerable de camiones que ya están técnica y legalmente aptos para prestar servicio inmediato.
Sin embargo, en lugar de estar cubriendo rutas saturadas como El Pitillal, Ixtapa o la franja turística, permanecen apagados, convirtiéndose en testigos mudos de la ineficiencia administrativa.
La decisión de postergar la entrega golpea a Puerto Vallarta en su momento más vulnerable. Diciembre no es un mes cualquiera; es el pico de la temporada alta, donde la población flotante se dispara por el turismo, se incrementan las compras navideñas y la fuerza laboral local requiere desplazarse con mayor frecuencia.
Actualmente, los usuarios reportan tiempos de espera que superan los 45 minutos. Cuando las unidades finalmente aparecen, suelen ser camiones viejos, sin aire acondicionado y tan abarrotados que los choferes ni siquiera se detienen.
Para el trabajador de hotelería que sale cansado de su turno, o el estudiante que busca llegar a casa, saber que hay camiones nuevos guardados «esperando una foto» resulta una ofensa.
Analistas y ciudadanos coinciden en que frenar la operatividad de un servicio público esencial por motivos de agenda protocolaria evidencia una desconexión entre la clase política y la realidad de la calle.
La modernización del transporte en Vallarta, una promesa largamente esperada, se ha convertido en rehén de los tiempos electorales y de imagen.
Por ahora, los vallartenses tendrán que resignarse a cerrar el 2025 apretujados en el transporte de siempre, mientras la solución espera pacientemente a que la agenda política decida arrancar motores, allá por la cuesta de enero.