El sector turístico marítimo se encuentra en alerta debido a la profunda incertidumbre laboral que ha generado el reciente hundimiento del galeón Marigalante en Puerto Vallarta y la subsecuente decisión de su operadora de trasladar el Jolly Roger desde Cancún como reemplazo.
La crisis golpea simultáneamente a los trabajadores de ambos litorales, ya que la Naviera Juan de la Cosa S.A. de C.V., propietaria de las naves, no ha presentado un plan claro sobre la reasignación o retención de personal, manteniendo a dos experimentadas tripulaciones en un limbo sobre su futuro.
El origen del conflicto fue el naufragio del Marigalante el pasado viernes 10 de octubre de 2025 frente a la costa de Mismaloya, luego de que una falla crítica en sus bombas de achique provocara su hundimiento. Si bien la tripulación fue evacuada sin lesionados, la pérdida del histórico galeón —réplica de la nao Santa María y un ícono turístico de Puerto Vallarta por más de tres décadas— eliminó una fuente de empleo significativa.
Tras el siniestro, la naviera anunció que el Jolly Roger de Cancún llegaría a Puerto Vallarta en diciembre de 2025 para «revivir el espectáculo pirata». No obstante, este anuncio de recuperación económica para Jalisco se tradujo en ansiedad laboral en Quintana Roo: la tripulación del Jolly Roger en Cancún desconoce si su contrato será respetado con un traslado forzoso a Puerto Vallarta o si serán despedidos para ceder el paso a personal local.
La situación se complica aún más debido a la promesa que la compañía hizo a la tripulación del Marigalante en Jalisco tras el hundimiento, asegurando que «nadie quedará desamparado». Esta garantía sugiere que el personal de Puerto Vallarta espera ser recontratado para operar la nave gemela.
La ambigüedad de la Naviera Juan de la Cosa S.A. de C.V. crea un dilema directo donde dos grupos de trabajadores —la tripulación que tiene experiencia en el barco (la de Cancún) y el equipo que tiene lealtad histórica al show (la de Vallarta)— se ven obligados a competir por los mismos puestos de trabajo. La falta de un protocolo de transición claro y transparente por parte de la empresa mantiene a los empleados del vital sector turístico en una profunda incertidumbre.