Organizaciones de la sociedad civil han encendido las alarmas en Puerto Vallarta tras denunciar una seria violación a la confidencialidad médica en el COMUSIDA (Coordinación Municipal de COMUSIDA). Según los colectivos, datos personales y clínicos de personas que viven con VIH fueron entregados sin consentimiento a una universidad privada para un proyecto académico.
La situación salió a la luz cuando un paciente de COMUSIDA fue contactado directamente por una estudiante universitaria para participar en una encuesta sobre personas con el diagnóstico de VIH. Este contacto se realizó sin la autorización del paciente, lo que llevó a una investigación por parte de grupos de derechos humanos y salud sexual.
La denuncia señala directamente a Leticia Enedina López Moreno, actual coordinadora de COMUSIDA, como la persona que autorizó la entrega de la información. López Moreno habría justificado su acción argumentando que se trataba de un estudio con fines académicos y que la encuesta sería anónima.
Sin embargo, organizaciones como Círculo Rojo, PrEP Vallarta, IncluY y el Movimiento por la Igualdad en México (MOVii) han rechazado categóricamente esta justificación. Subrayan que la entrega de datos sensibles, como un diagnóstico clínico, a terceros sin un consentimiento informado explícito es una falta grave e ilegal.
Esta acción, de confirmarse, representaría una violación a múltiples leyes y principios, incluyendo el artículo 16 de la Constitución Mexicana, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley General de Salud, que protege la confidencialidad del estado serológico.
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones han emitido una serie de exigencias urgentes a las autoridades municipales, entre ellas:
* La inmediata apertura de una investigación administrativa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.
* La destitución de los responsables, incluida la coordinadora de COMUSIDA.
* La suspensión de la colaboración con la universidad y la cancelación de cualquier uso de los datos obtenidos ilegalmente.
* La creación de protocolos más estrictos de protección de datos en todas las dependencias de salud.
* Un pronunciamiento público institucional que reconozca el daño y garantice que estos actos no se repetirán.
* Ofrecer apoyo jurídico y psicológico a las personas afectadas.
Los colectivos enfatizan que el consentimiento informado no es un simple trámite, sino un pilar ético y legal fundamental. La filtración de esta información no solo es una falta grave, sino una agresión directa a la dignidad de personas que a menudo enfrentan estigma y discriminación.
Este caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la información confidencial en las instituciones públicas de salud y ha generado una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad.
Las organizaciones han asegurado que presentarán toda la documentación necesaria a las autoridades y han reafirmado su disposición a colaborar para lograr una resolución justa y ejemplar para las víctimas.