En el Ayuntamiento de Puerto Vallarta hay cargos que suenan muy importantes, aunque en los hechos pocos sepan con claridad para qué sirven. Uno de ellos es la Gerencia de Prosperidad, Desarrollo Económico y Turismo. Su titular, Juan Pablo Martínez Torres, hoy queda en el centro de una polémica incómoda: un restaurante señalado como vinculado a él aparece sin licencia municipal de funcionamiento en los archivos oficiales del propio gobierno.
El caso no nace de un rumor, sino de una respuesta de Transparencia. Se solicitó al Ayuntamiento información sobre la licencia de funcionamiento, anuncios autorizados, vistos buenos vigentes y permisos de los últimos cinco años del restaurante Basilio Comer y Beber, ubicado en avenida Francisco Villa #1285, local 1, en Fluvial Vallarta. La Oficialía Mayor de Padrón y Licencias respondió mediante el oficio OMPLPV/0272/2026 que la solicitud resultó “negativa por inexistencia”. Traducido al lenguaje de cualquier comerciante: no apareció la licencia.
La gravedad está en el contraste. En Puerto Vallarta hay negocios pequeños que no pueden abrir tranquilos si les falta un papel, una renovación, un pago o un visto bueno. Hay comerciantes que reciben inspecciones, advertencias, multas y clausuras por no tener sus documentos completos. Pero cuando el nombre que ronda un establecimiento es el de un funcionario cercano al primer círculo del gobierno municipal, la ley parece entrar en modo de espera.
No se trata solo de saber si Basilio vende desayunos, comidas o cafés. Se trata de saber quién le permitió operar, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones y por qué no aparece en los archivos una licencia que a cualquier ciudadano le exigirían como requisito elemental. Porque para el comerciante común, la licencia no es optativa; para un negocio cercano al poder, tampoco debería serlo.
Hasta ahora, lo documentado es la inexistencia de la licencia municipal en la búsqueda oficial. No hay elementos públicos suficientes para afirmar otros incumplimientos, como adeudos de agua, permisos adicionales o irregularidades de otra naturaleza. Eso tendrá que aclararlo cada dependencia correspondiente. Pero lo que ya está sobre la mesa basta para exigir explicaciones: si no hay licencia, ¿cómo operaba?
El Ayuntamiento de Luis Munguía tiene que responder sin rodeos. Debe aclarar si el restaurante fue inspeccionado, si recibió requerimientos, si hubo omisión de Padrón y Licencias, si se iniciará un procedimiento administrativo y si el funcionario será llamado a explicar su relación con el establecimiento. También debe informar si existe participación directa, indirecta, familiar, comercial o de promoción por parte de Martínez Torres.
Porque el problema no es únicamente legal; es político y ético. Un gobierno pierde autoridad moral cuando exige cumplimiento a los ciudadanos, pero no puede explicar por qué un negocio ligado a uno de sus propios funcionarios aparece sin licencia. La sospecha de trato preferencial se vuelve inevitable cuando la vara se endurece para los de abajo y se vuelve flexible para los de arriba.
En el colmo del cinismo, el área que debería presumir orden económico queda atrapada en una pregunta básica: ¿la prosperidad municipal empieza por perdonar permisos a los cercanos? Si el Ayuntamiento no actúa con claridad, el mensaje será devastador para los comercios formales que sí pagan, sí tramitan, sí renuevan y sí se someten a inspección.
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