El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González, y el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, presumieron en su comunicación oficial como un hecho de relevancia internacional lo que presentaron como la visita y el reconocimiento de un supuesto “embajador de la ONU”, pero la versión terminó desfondándose: no se trató de ningún diplomático oficial de Naciones Unidas ni de un representante acreditado de esa organización. Lo que ambos gobiernos vendieron como una distinción respaldada por la ONU se expone tras 15 segundos de googleada como una preocupante falla de verificación institucional y una ligereza política difícil de ocultar.
Lo anterior, porque tras presumir toda su comunicación institucional y grupo de aplaudidores en el gabinete que «recibieron al embajador» Hugues Sanon de la ONU, cometieron el error de «no leer las letras pequeñas», a simple vista en internet se puede ver qué el referido ni siquiera trabaja para la organización con sede en Nueva York, sino que es empleado de una asociación civil internacional dedicada a regalar a cambio de nada estos reconocimientos a distintas ciudades y gobiernos, para promover la paz y la convivencia, ningún mérito tiene su recepción.
En realidad, el personaje en cuestión es un «enviado especial de Relaciones Internacionales» acreditado ante las Naciones Unidas para el Consejo para la Justicia, la Igualdad y la Paz (COJEP International), una organización no gubernamental que se dedica a realizar acciones simbólicas y de carácter social. Ojo, estar acreditado ante la ONU, no lo hace a uno embajador ni parte de la ONU, simplemente es tener un registro formal en documentos para realizar actividades alineadas con las de ese ente global.
El bochorno no es menor porque exhibe algo más grave que una simple confusión semántica. Si un alcalde, su equipo de asesores y su aparato de comunicación no son capaces de verificar si quien tienen enfrente es realmente un diplomático de Naciones Unidas o sólo alguien vinculado a una organización con estatus consultivo ante instancias internacionales, entonces el problema no es de protocolo: es de capacidad. Es de oficio. Es de filtro básico. Es de no saber distinguir entre una representación oficial y una narrativa inflada para consumo local. Y cuando eso ocurre en gobiernos que quieren proyectarse como modernos, globales y bien conectados, el ridículo no sólo es político: también es administrativo.
Según la información mostrada, el personaje en cuestión fue presentado públicamente como “embajador de la ONU” (es decir se le dieron cortesías y tratos diplomáticos) aunque en realidad no figura como embajador oficial designado por la Secretaría de las Naciones Unidas ni como representante permanente de un Estado miembro ante la organización. Entiéndase que no era la ONU tocando la puerta de Vallarta o Bahía para reconocer a sus autoridades; era otra cosa, mucho más modesta, que fue deliberadamente o torpemente agrandada en el relato oficial. Y allí está el corazón del escándalo: no sólo habrían sido autoengañados, sino que además se dejaron ver complacidos en su ignorancia y lo vendieron como trofeo político.
La escena resulta todavía más irónica porque ambos gobiernos difundieron el momento como una suerte de certificación internacional de su trabajo, como si la legitimidad municipal ya no alcanzara con las urnas, los resultados o la rendición de cuentas, y ahora hiciera falta adornarse con títulos extranjeros, sellos rimbombantes y visitantes envueltos en humo diplomático. La política del aplauso fácil terminó chocando con un dato elemental: en la estructura formal de la ONU no existen “embajadores individuales” nombrados a título personal como fueron presentados en estas publicaciones. Existen representantes acreditados de países, con nombramientos claros, funciones precisas y registros públicos. Si nadie en los equipos de ambos alcaldes se tomó cinco minutos para revisar eso, entonces estamos frente a una alarmante pobreza de criterio institucional.
En tiempos donde la credibilidad pública ya está bastante golpeada, este tipo de episodios pesan más de lo que parecen. No se trata sólo de que Luis Ernesto Munguía González en Puerto Vallarta y Héctor Santana en Bahía de Banderas hayan quedado expuestos en una puesta en escena inflada; se trata de que ambos aparatos gubernamentales revelaron una preocupante falta de rigor para validar aquello que comunican como verdad. Y si no pueden investigar con seriedad a un supuesto “embajador de la ONU”, la pregunta inevitable es qué tanto verifican lo demás que anuncian, celebran y difunden.
Al final, la supuesta visita de la ONU no fue visita de la ONU, el supuesto embajador no fue embajador oficial, y el reconocimiento internacional quedó reducido a una postal de vanidad local con envoltura global. Lo verdaderamente internacional, por ahora, no fue el prestigio de estos gobiernos, sino el tamaño del oso.
#PrimeroVallarta TE INFORMA con la verdad