Un proveedor comenzó a retirar módulos de impresoras y copiadoras del tipo multifuncional de algunas oficinas del Ayuntamiento de Puerto Vallarta instaladas en la Unidad Municipal Administrativa, conocida como UMA, luego de presuntos incumplimientos de pago por parte del Gobierno Municipal. La situación generó complicaciones inmediatas en áreas administrativas que dependen de estos equipos para trámites, archivos, copias, expedientes y atención cotidiana a ciudadanos.
El retiro de estos equipos no sólo representa un problema operativo menor: exhibe la torpeza administrativa en la que pueden caer varias dependencias cuando servicios básicos dejan de funcionar por falta de cumplimiento financiero. En oficinas donde la impresión y copiado forman parte del trabajo diario, la ausencia de estos módulos puede retrasar procesos internos, trámites ciudadanos y la capacidad mínima de respuesta institucional, forzando de más a los empleados a emitir gastos en copias e impresiones dentro de papelerías particulares.
El caso se suma a una percepción cada vez más extendida sobre una crisis de liquidez en el Ayuntamiento, difícil de explicar frente al tamaño histórico del presupuesto municipal. Mientras el gobierno presume recursos, obras o programas, en la operación diaria surgen señales de tensión con proveedores de distintos servicios que, ante la falta de pagos oportunos, pueden reducir, suspender o retirar prestaciones contratadas. Es un caso parecido a la obra de ampliación del Malecón, donde solo se explica que dos cuadras han tardado prácticamente 9 meses en hacerse debido a que le han pagado ‘en abonos chiquitos’ y fiado a la constructora.
Por eso la situación apunta a un problema mayor: cuando un gobierno deja de pagar correctamente a quienes sostienen parte de su operación cotidiana, el costo no sólo lo absorben las empresas proveedoras, sino también las dependencias y los ciudadanos. La falta de insumos, equipos o servicios termina entorpeciendo la atención pública y deteriorando la imagen de una administración que debería garantizar orden, continuidad y solvencia.
Ante este escenario, el alcalde Luis Munguía está obligado a rendir cuentas y explicar qué está ocurriendo con las finanzas municipales. Puerto Vallarta necesita saber por qué, pese a contar con un presupuesto elevado de más de 3100 millones de pesos, empiezan a acumularse señales de incumplimiento con proveedores y afectaciones en servicios básicos dentro del propio Ayuntamiento.
#PrimeroVallarta Te informa e incomoda el poder.