La vinculación a proceso de dos elementos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta por el delito de abuso de autoridad contra una pareja gay fue recibida como un logro histórico por colectivos de la diversidad sexual, quienes celebraron la resolución entre lágrimas y con un mensaje público de reconocimiento a las víctimas por sostener la denuncia durante casi dos años.
El caso involucra a los policías Roberto “N” y Luis Antonio “N”, señalados por una detención arbitraria ocurrida la madrugada del 19 de julio de 2024 en la Zona Romántica de Puerto Vallarta, en agravio de Christopher Duifhuis Rivera y Juan Manuel López López, pareja originaria de San Luis Potosí. De acuerdo con lo informado, ambos fueron interceptados sin motivo legal en uno de los puntos turísticos más concurridos del destino, hecho que derivó en una denuncia por abuso de autoridad.
La audiencia inicial se desarrolló en dos sesiones, los días 20 y 25 de mayo de 2026, luego de que los imputados se acogieran a la duplicidad del plazo constitucional. Al concluir ese proceso, el Juzgado de Control del Sistema Penal Acusatorio y Adversarial del Octavo Distrito Judicial, con sede en Puerto Vallarta, determinó que existían datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal contra ambos elementos municipales.
El juez consideró idóneos y pertinentes los elementos presentados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para establecer la probable comisión del delito y la probable participación de los policías señalados. Como medidas cautelares, ordenó que ambos acudan a firmar mensualmente ante la autoridad correspondiente y les prohibió acercarse o contactar a las víctimas durante seis meses. Además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La resolución fue destacada por integrantes del Centro Comunitario Gay+ de Vallarta y del Movimiento por la Igualdad en México, quienes acompañaron el caso desde su origen y calificaron la decisión judicial como un precedente importante contra los abusos policiales y en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el municipio.
En un video difundido tras la audiencia, uno de los representantes de los colectivos expresó visiblemente emocionado y con lágrimas que la vinculación a proceso representa mucho más que un avance jurídico: significa que una denuncia por discriminación, abuso y trato arbitrario contra una pareja gay no quedó enterrada en la impunidad. La emoción fue evidente entre quienes impulsaron el acompañamiento, al considerar que el caso abre una ruta de exigencia para que ninguna corporación policial actúe por encima de la ley.
El fallo no implica todavía una sentencia condenatoria, pero sí marca el inicio formal del proceso penal contra los elementos señalados. Para las organizaciones civiles, el paso es relevante porque envía un mensaje a las víctimas de abuso policial: denunciar sí puede tener consecuencias y el acompañamiento social puede impedir que estos casos sean minimizados.
En Puerto Vallarta, un destino que se promociona nacional e internacionalmente como abierto a la diversidad, el caso también deja una exigencia de fondo hacia las autoridades municipales: garantizar que sus policías actúen con legalidad, respeto a los derechos humanos y sin prácticas discriminatorias contra residentes, visitantes ni integrantes de la comunidad LGBTIQ+.
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