Le darán 60 millones en 2026 y 3 millones cada año
Tras 37 años de patadas y negligencia administrativa, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta finalmente ha puesto fin (o al menos un costoso punto y aparte) al litigio por el terreno del antiguo basurero del Magisterio.
El desenlace es una negociación que, con una pizca de ironía, le ha asegurado al heredero original, Gregorio Espinoza hijo, una virtual «pensión de por vida» financiada por el erario público.
La historia comienza en 1987, cuando la administración municipal de turno acordó con el ciudadano Gregorio Espinoza Mendoza (padre) la adquisición de más de 8 hectáreas por $20 millones de pesos. En ese predio se instaló el basurero municipal. El único problema es que nunca se pagó la deuda.
Décadas de indolencia y desinterés por parte de administraciones anteriores —que en 2003 incluso reconocieron el adeudo, pero optaron por la táctica del avestruz— transformaron la cifra original de $20 millones a una sentencia judicial de 2020 por la estratosférica suma de $808 millones de pesos, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 13. Un negocio redondo para el particular; un desastre financiero para la ciudad.
Ante la amenaza de la etapa ejecutoria de la sentencia, que incluye la posibilidad de suspender o arrestar al alcalde y regidores por desacato, el Ayuntamiento actual no tuvo más opción que negociar.
El resultado de las pláticas, coordinadas por el síndico Francisco Sánchez Peña y el director jurídico Giovanni Saracco, fue un acuerdo aprobado por el pleno: se pagarán $120 millones de pesos al heredero. El calendario de pagos se ha estructurado de tal forma que, para la suerte de la familia Espinoza, garantiza un ingreso constante del gobierno municipal durante las próximas dos décadas.
El acuerdo establece que el primer desembolso fuerte será de $60 millones de pesos en 2026 (dividido en cuatro pagos de $15 millones en enero, febrero, marzo y abril). Los restantes $60 millones se pagarán a lo largo de 20 años, a razón de $3 millones anuales y, notablemente, sin generar intereses.
Con la aprobación unánime de los ediles presentes, el Ayuntamiento zanjó la urgencia legal. Mientras tanto, el heredero, gracias a la acumulación de la irresponsabilidad de múltiples gobiernos, se ha convertido en el beneficiario de un acuerdo que, más que una indemnización, parece una renta vitalicia garantizada con fondos públicos. La lección para Puerto Vallarta es clara: la negligencia administrativa, con el tiempo, tiene un precio exorbitante.