La organización ambiental SOS Cocodrilo ha lanzado un comunicado urgente para denunciar la alarmante situación de la caza furtiva de cocodrilos en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La agrupación señala que, en los últimos meses, se han registrado múltiples muertes de ejemplares, incluyendo individuos decapitados y mutilados, hallados tanto en el mar como en los ríos.
El comunicado, dirigido a autoridades y medios de comunicación, critica duramente la inacción de las instancias competentes y el papel de los medios que, en lugar de informar, «alimentan el miedo y la desinformación» sobre la presencia de estos animales. La organización subraya que los cocodrilos no están invadiendo territorios; más bien, es la imprudencia humana la que genera los riesgos. Por ello, insisten en la importancia de la educación y la responsabilidad para lograr una coexistencia pacífica.
La caza de cocodrilos en México no solo es un acto de crueldad contra la fauna, sino también un delito federal que conlleva graves consecuencias legales. La legislación mexicana, incluyendo la Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal, protege a especies como el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) que está clasificado como «Sujeta a Protección Especial» según la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010).
El Artículo 420 del Código Penal Federal establece que quien ilícitamente dañe o prive de la vida a un ejemplar de fauna silvestre, o realice actividades de tráfico, posesión o transporte de los mismos, puede enfrentar penas severas. Las sanciones por este tipo de delitos pueden incluir:
* Pena de prisión: De uno a nueve años.
* Multas económicas: Desde los 300 hasta los 3,000 días de salario mínimo, que pueden alcanzar los 800 mil pesos.
Además, si el delito se comete con fines comerciales o en un Área Natural Protegida, las penas se incrementan, sumando hasta tres años más de prisión y miles de días adicionales de multa.
SOS Cocodrilo exige que las autoridades, como la PROFEPA, la SEMARNAT y las guardias municipales, investiguen y sancionen penalmente estos actos, y que los medios de comunicación asuman una responsabilidad ética al tratar el tema de la fauna silvestre. El mensaje es claro: la vida silvestre no puede defenderse sola, y la negligencia y la violencia contra los animales son una amenaza directa para los ecosistemas.