La distancia entre el discurso asistencial del DIF Puerto Vallarta y la realidad que se observa en las calles comienza a volverse escandalosa. Mientras crecen los reclamos por carencias, omisiones y un desgaste visible de la institución, su presidenta, Lucky Michel, aparece cada vez más vinculada a actos de corte político-partidista, como el evento realizado ayer en un hotel para promover la afiliación al Partido Verde. La escena no solo resulta inoportuna: para muchos sectores, retrata con crudeza la desconexión entre la élite gobernante y la emergencia social que se agrava en el municipio.
El problema de fondo no es únicamente de imagen, sino de prioridades. En torno al DIF se han acumulado críticas por una administración que, lejos de fortalecerse, parece haberse ido desdibujando entre improvisaciones, cuestionamientos sobre proveedores cercanos al grupo de amigos del alcalde saqueando al organismo, denuncias sobre despensas en mal estado y una percepción de abandono hacia sectores particularmente vulnerables. En una ciudad donde aumentan los casos de personas sin hogar, algunas con evidentes padecimientos mentales o adicciones, y donde persisten escenas de niños trabajando en las calles, la expectativa mínima sería la de una institución activa, presente y enfocada en atender la raíz del deterioro social, no en acompañar agendas partidistas.
La crisis social de Puerto Vallarta ya no puede esconderse detrás de eventos, fotografías o mensajes institucionales cuidadosamente producidos. La presencia de hombres y mujeres durmiendo en banquetas, en condiciones de insalubridad y exclusión, se ha vuelto parte del paisaje cotidiano de una ciudad turística que presume hospitalidad mientras tolera el abandono. A ello se suman problemas de violencia intrafamiliar, precariedad alimentaria y la necesidad urgente de atención psicológica para mujeres en situación de vulnerabilidad. Frente a ese panorama, la pregunta es inevitable: ¿dónde está el DIF y en qué está ocupando su energía política y operativa?
Porque eso es justamente lo que más lastima: la impresión de que la institución encargada de atender a los más vulnerables ha quedado reducida a una oficina desfondada, sin liderazgo claro, sin presencia suficiente y sin capacidad visible de respuesta. Un DIF debilitado no solo falla administrativamente; falla moralmente, porque deja solos a quienes menos margen tienen para resistir. Y si además, en medio de esa fragilidad, su figura principal decide participar en dinámicas de promoción política, el mensaje que se envía a la población es demoledor: primero la campaña, después la asistencia.
Puerto Vallarta necesita mucho más que funcionarios sonrientes en actos privados o cuadros políticos cuidando su proyección futura. Necesita instituciones que funcionen, recursos bien administrados, apoyos reales, seguimiento a las víctimas, atención psicológica efectiva, combate serio a la explotación infantil y una estrategia humana para enfrentar el crecimiento de la indigencia y las adicciones. Todo lo demás es simulación. Y cuando la simulación se instala en el corazón mismo de la asistencia social, lo que queda no es un gobierno sensible, sino una estructura vacía, incapaz de responderle a la ciudad que dice proteger.
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