Protección a los niños vulnerables y víctimas de las redes de trata, es un tema que el Ayuntamiento HA IGNORADO
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó una reforma al Reglamento para el Ejercicio del Comercio con la que se incorporan nuevas obligaciones para prevenir la explotación y violencia contra niñas, niños y adolescentes en el sector turístico y comercial.
La iniciativa fue promovida por la regidora Melissa Madero, quien previamente había señalado la falta de acciones concretas por parte de las autoridades frente a problemáticas como el trabajo infantil y los riesgos de explotación en zonas de alta actividad turística del municipio.
Con la modificación aprobada, hoteles, agencias de viaje, operadores turísticos y diversos establecimientos deberán contar con certificación vigente en materia de prevención de la explotación sexual infantil, conforme al Código de Conducta Nacional del sector turístico. Además, se establece la obligación de capacitar al personal para detectar y actuar ante posibles casos.
El dictamen también contempla sanciones para quienes incumplan estas disposiciones, incorporando por primera vez en el reglamento local mecanismos formales de corresponsabilidad para el sector privado en la protección de menores.
La aprobación de esta reforma ocurre en un contexto donde distintas voces han advertido sobre una problemática persistente en Puerto Vallarta: la presencia de trabajo infantil y los riesgos asociados a redes de explotación, especialmente en entornos vinculados al turismo, donde la movilidad y la informalidad dificultan la supervisión.
En ese sentido, la propia regidora Madero había cuestionado anteriormente la ausencia de políticas firmes y operativas para atender esta situación, lo que derivó en la presentación de esta iniciativa como una respuesta normativa a un problema que, hasta ahora, había sido atendido de manera limitada.
Si bien la medida representa un avance en la construcción de herramientas legales para la prevención, especialistas coinciden en que su impacto dependerá de la vigilancia, aplicación de sanciones y la coordinación efectiva entre autoridades municipales, estatales y el sector empresarial.
Para un destino turístico internacional como Puerto Vallarta, la implementación de este tipo de mecanismos no solo responde a una exigencia legal, sino también a la necesidad de atender una problemática social que, aunque muchas veces invisible, sigue presente en distintos espacios de la ciudad.
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