La estabilidad de la región de América del Norte enfrenta su desafío más crítico en décadas al confirmarse que el gobierno de Donald Trump ha iniciado formalmente los preparativos legales para una posible incursión militar en México a principios de este año en curso. Tras la reciente y sorpresiva captura del líder venezolano Nicolás Maduro, la administración estadounidense ha redirigido su fuerza operativa hacia la frontera sur, instruyendo a la oficina legal del Departamento de Estado para que analice y justifique jurídicamente ataques directos contra los cárteles del narcotráfico.
Según revelaciones del periodista Joaquín López-Dóriga, esta orden busca establecer el sustento legal necesario para que unidades militares estadounidenses operen en territorio nacional bajo la premisa de que estas organizaciones criminales representan una amenaza existencial y directa para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El reporte detalla con preocupación que las instrucciones contemplan el despliegue de tropas bajo la modalidad operativa de «boots on the ground», lo que implicaría la presencia física de soldados extranjeros en suelo mexicano, rompiendo de forma histórica con los principios de soberanía y respeto mutuo.
Esta escalada en la retórica de Washington se vio reforzada por declaraciones recientes del presidente Trump en la cadena Fox News, donde aseguró que tras asegurar las rutas marítimas, el siguiente paso lógico es golpear la estructura de los cárteles en su propio origen, afirmando que estas agrupaciones prácticamente dirigen el país y que su administración no se quedará de brazos cruzados ante la crisis del fentanilo.
Ante este escenario de máxima tensión, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme desde Palacio Nacional, rechazando cualquier intento de intervención o subordinación y enfatizando que la seguridad debe resolverse mediante inteligencia compartida y atención a las causas sociales, nunca mediante la presencia de fuerzas armadas extranjeras.
A pesar de la presión desde la Casa Blanca, la posibilidad de un ataque ha encontrado una férrea resistencia interna en el Capitolio, donde un bloque de 75 legisladores demócratas formalizó una petición para frenar estos planes de guerra, advirtiendo que una incursión militar sería un error catastrófico que no solo violaría el derecho internacional, sino que destruiría la relación con su principal socio comercial y provocaría un caos humanitario y económico de dimensiones incalculables en toda la región.
«Vamos a atacarlos por tierra», señaló sin embargo Donald Trump sobre las operaciones militares a realizar contra el crimen organizado, y ya circulan versiones de supuestas filtraciones de inteligencia donde se muestra que varios serían los estados de la República que deben esperar ataques específicos.