En lo que muchos ciudadanos consideran una maniobra política para evitar las protestas, el Comité Técnico de Validación y Tarifas aprovechó el letargo de las fiestas decembrinas para sesionar este viernes 26 de diciembre y poner sobre la mesa un aumento a la tarifa del transporte público que entrará en vigor en 2026. Con la ciudad volcada en el turismo y las festividades, la noticia de que el pasaje técnico subirá a 14 pesos cayó como un balde de agua fría, confirmando que el «regalo» de Navidad del Gobierno del Estado para los trabajadores es, en realidad, un golpe directo al bolsillo.
Aunque las autoridades intentan suavizar el impacto hablando de una «tarifa social» subsidiada que dejaría el costo final entre los 11.00 y los 12.50 pesos, la indignación en Puerto Vallarta es total. La narrativa oficial de Guadalajara siempre termina por arrastrar al puerto en un «efecto espejo»: si allá sube, aquí también, a pesar de que las realidades operativas sean mundos distintos. Para el usuario vallartense, pagar más de 11 pesos por un servicio que apenas sobrevive es, simplemente, una burla.
La crisis de movilidad en este destino turístico ha llegado a un punto crítico. Mientras el Gobierno presume la reciente entrega de 31 camiones nuevos, la realidad es que faltan más de 60 unidades para que el sistema sea siquiera funcional. A esto se suma la inexistencia de infraestructura básica: en Puerto Vallarta no hay paradas señalizadas ni refugios dignos, lo que obliga a los usuarios a esperar tiempos exagerados bajo el sol o la lluvia, para luego viajar «como sardinas» en unidades que muchas veces siguen sucias y en mal estado.
La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), liderada por Fernanda Romero, ha levantado la voz contra este «tarifazo violento», señalando que no existe una justificación legal ni social para elevar el costo cuando no hay mejoras tangibles en la calidad del servicio.
Las voces críticas coinciden en que trasladar el costo del sistema a los sectores más vulnerables —estudiantes y trabajadores que combinan estudios con empleos de medio tiempo— es una medida que solo profundiza la desigualdad territorial en Jalisco.
El veredicto final sobre cuánto terminará pagando el ciudadano dependerá del subsidio que el Ejecutivo estatal decida inyectar. Sin embargo, para los miles de vallartenses que dependen del transporte para llegar a sus empleos en la zona hotelera, el daño ya está hecho. Este fin de año cierra con la amarga certeza de que la movilidad en el puerto seguirá siendo un lujo caro y de mala calidad, mientras las unidades prometidas siguen sin aparecer en las calles.