El conflicto por el uso y acceso a las playas en la franja tur\u00edstica de Punta de Mita\u2013La Cruz de Huanacaxtle contin\u00faa escalando, pese a que autoridades ya sostuvieron acercamientos con habitantes y atendieron sus planteamientos. La inconformidad social no ha disminuido. Por el contrario, crece entre pobladores que denuncian un incremento desmedido de desarrollos inmobiliarios que, aseguran, est\u00e1n reduciendo la playa, afectando el ecosistema y limitando el libre tr\u00e1nsito.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con testimonios recabados en la zona y publicaciones recientes, vecinos de Punta de Mita y comunidades como Corral del Risco consideran que la intervenci\u00f3n de autoridades ambientales y municipales ha sido insuficiente frente al ritmo de construcci\u00f3n con maquinaria pesada en \u00e1reas costeras. Se\u00f1alan que, aunque han sido escuchados, no observan acciones contundentes que detengan lo que califican como \u201cexcesos\u201d en la ocupaci\u00f3n del litoral.<\/p>\n\n\n\n
La molestia ha derivado en una nueva convocatoria a manifestaci\u00f3n p\u00fablica, como lo refleja el cartel difundido en redes sociales, donde se llama a defender la playa conocida como \u201cLas Cocinas\u201d. En este contexto, la exigencia central se mantiene: mayor control sobre las obras, respeto a los l\u00edmites legales de la zona federal mar\u00edtimo terrestre (ZOFEMAT) y garant\u00eda de acceso libre para la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El marco legal en M\u00e9xico es claro. La Zona Federal Mar\u00edtimo Terrestre est\u00e1 definida como una franja de 20 metros de ancho contigua a la playa, considerada bien de dominio p\u00fablico de la Naci\u00f3n . Esto implica que no puede ser privatizada, sino \u00fanicamente concesionada bajo condiciones estrictas por la autoridad federal, en este caso la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la Ley General de Bienes Nacionales, tras reformas recientes, establece que el acceso a playas y a la ZOFEMAT no puede ser restringido, obstaculizado ni condicionado, garantizando su car\u00e1cter libre y gratuito para todas las personas . Incluso, el cierre de accesos o limitaci\u00f3n del paso puede derivar en sanciones econ\u00f3micas y la revocaci\u00f3n de concesiones .<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, habitantes denuncian que el crecimiento de complejos tur\u00edsticos y obras de contenci\u00f3n \u2014como muros o rellenos\u2014 est\u00e1 generando una reducci\u00f3n efectiva del espacio de playa y, en algunos casos, dificultando el acceso f\u00edsico, lo que interpretan como una privatizaci\u00f3n de facto. Esta situaci\u00f3n, aseguran, contradice el esp\u00edritu de la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n\n\n\n
A la par, tambi\u00e9n expresan preocupaci\u00f3n por el impacto ambiental. La modificaci\u00f3n del litoral, la colocaci\u00f3n de roca y el uso de maquinaria pesada podr\u00edan alterar din\u00e1micas naturales como la erosi\u00f3n, adem\u00e1s de afectar h\u00e1bitats costeros, lo que refuerza la exigencia de inspecciones m\u00e1s estrictas por parte de autoridades como SEMARNAT y PROFEPA.<\/p>\n\n\n\n
Frente a este escenario, fue anunciada una movilizaci\u00f3n para este jueves 26 de marzo a las 5 de la tarde, en la plaza de Punta de Mita, misma que busca presionar para que las autoridades no solo escuchen, sino act\u00faen. La demanda va m\u00e1s all\u00e1 de un caso puntual: apunta a establecer un precedente sobre el equilibrio entre desarrollo tur\u00edstico y protecci\u00f3n del espacio p\u00fablico y ambiental.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, el conflicto en Punta de Mita no se limita a una obra en espec\u00edfico, sino que refleja una tensi\u00f3n creciente en destinos tur\u00edsticos del pa\u00eds: el choque entre inversi\u00f3n inmobiliaria, conservaci\u00f3n ambiental y el derecho ciudadano al uso libre de las playas, un derecho que, al menos en la ley, sigue siendo irrenunciable.<\/p>\n\n\n\n