A pesar de tener un presupuesto municipal histórico de alrededor de 3 mil 200 millones de pesos para este 2026, el gobierno de Luis Ernesto Munguía González llegará este miércoles a sesión de Cabildo con una petición que exhibe una realidad difícil de maquillar: que ya se lo acabaron. Pues van a solicitar la autorización para gestionar ante el Gobierno de México un adelanto de participaciones por hasta 100 millones de pesos, ante la falta de liquidez para cubrir compromisos básicos del Ayuntamiento.
La administración sostiene que el dinero servirá para pagar el bono de septiembre a los trabajadores sindicalizados y de confianza , comprar combustible y adquirir chasis así como piezas destinadas a los camiones en el servicio de recolección de basura. En otras palabras, después de presumir ingresos sin precedentes, ahora se necesita dinero adelantado para pagar prestaciones laborales, abastecer vehículos y mantener funcionando servicios que deberían estar respaldados por el presupuesto ordinario. La pregunta incómoda es inevitable: ¿en qué se gastaron ya los más de 3 mil millones aprobados para todo el año?
El Ayuntamiento enfrenta señalamientos por pagos atrasados a proveedores, falta de recursos para maquinaria, obras detenidas y contratistas que esperan cobrar. También existen quejas internas por carencias de materiales e insumos en distintas dependencias municipales, al grado de que trabajadores han denunciado dificultades hasta para conseguir artículos elementales de oficina y limpieza. No hay ni papel de baño en varias oficinas y los trabajadores del Gobierno Municipal se tienen que cooperar para comprarlo, cuando antes eso se asignaba por automático.
Mientras el discurso oficial habla de una Hacienda “muy responsable”, la operación cotidiana parece contar otra historia: mucho presupuesto en el papel, pero poca disponibilidad en la caja. Y el tesorero Hugo Robles Cibrian es cómplice de este aparente desastre financiero.
La petición que hará el alcalde resulta todavía más cuestionable porque apenas el año pasado el Gobierno Municipal obtuvo otro adelanto de participaciones por 100 millones de pesos para enfrentar compromisos de cierre de ejercicio. Ahora pretende repetir la fórmula, sólo que esta vez a mitad del año fiscal. Si cada temporada de pagos obliga a pedir por adelantado recursos futuros, entonces no se trata de una solución financiera extraordinaria, sino de una administración que comienza a depender de dinero que todavía no le corresponde recibir. Ahora, de aprobarse, el Ayuntamiento tendría 200 millones de pesos adelatandos de un futuro que aún no llega, en algún punto ese dinero se tendría que bloquear o restar al propio gobierno en perjuicio de sí mismo.
A ello se suma la falta de claridad sobre diversos gastos ejercidos durante los últimos meses. La regidora independiente Melissa Madero ha señalado movimientos y posibles erogaciones por decenas de millones de pesos —algunas estimaciones rondan los 80 millones— sin que hasta ahora exista una explicación pública integral sobre contratos, proveedores, resultados y beneficios reales para la ciudad. Incluso compras excesivas como un perchero por 232 mil pesos, tamales en 100 pesos para 2 millones en total, o una oficina aun sin acabar que ya lleva 11 millones. Todo desde el erario.
Tampoco se ha despejado el rezago en la presentación y revisión de la cuenta pública municipal, cuya falta de actualización ha alimentado exigencias de transparencia y una solicitud de auditoría especial. Sin información completa, los regidores estarían llamados a autorizar otros 100 millones de pesos prácticamente a ciegas: primero aprobar el adelanto y después, quizá, preguntar qué ocurrió con los recursos anteriores.
El Cabildo deberá decidir si entrega un nuevo salvavidas financiero sin exigir antes un diagnóstico serio de la Tesorería, un reporte de pasivos, pagos pendientes, contratos, gasto por dependencia y disponibilidad bancaria. Porque pedir más dinero siempre es sencillo; lo complicado es explicar cómo una administración con el presupuesto más grande en la historia de Puerto Vallarta terminó sin capacidad suficiente para pagar proveedores, sostener obras, comprar combustible y garantizar el bono de sus trabajadores.
El adelanto podría resolver temporalmente los compromisos de septiembre, pero también trasladará presión financiera a los meses siguientes, pues las participaciones recibidas por anticipado dejarán de llegar después. Así, el Gobierno Municipal pretende apagar el incendio de hoy utilizando el agua presupuestal de mañana. Y mientras no se aclare el destino de los 3 mil 200 millones de pesos, la solicitud de otros 100 millones no fortalece la confianza pública: la debilita todavía más.
A todo esto: ¿dónde quedó el dinero de los vallartenses?
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