Finalmente, a través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio la razón a los pobladores de Punta de Mita al determinar que hubo irregularidades en el manejo de la obra de playa en Cocinas y «recomendó» a la empresa grupo dines demoler la obra antes de tomar acciones legales que los obliguen a hacerlo.
Con lo cuál, el alcalde Héctor Santana quedó expuesto junto al gobernador Navarro Quintero como un político mentiroso que manipuló el discurso para tratar de no rasparse, desafortunadamente sus manos no llegan con suficiente influencia a la Ciudad de México para corromper a la SEMARNAT.
Claramente, existen intereses desde el gobierno estatal nayarita para que el desarrollo siguiera su curso, algo en lo que se le vió mucho interés también al alcalde Héctor Santana quien incluso ayudó a colocar la primera piedra.
La determinación de la Secretaría no solo representa un revés para la empresa involucrada en el desarrollo turístico, sino también para la narrativa política que durante semanas intentó reducir la protesta ciudadana a una exageración, una incomodidad o un conflicto manipulado. Hoy, con la revisión federal en marcha, esa retórica queda desmentida.
Semarnat informó que, derivado de inspecciones técnicas realizadas en coordinación con Profepa y de un dictamen solicitado por la Fiscalía General de la República, se identificaron irregularidades en obras de enrocamiento y contención ejecutadas dentro de una concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre en Playa Las Cocinas, Punta de Mita.
De acuerdo con la dependencia federal, las obras exceden las condiciones autorizadas en la concesión, cuya naturaleza era de protección y únicamente permitía mantener la superficie en estado natural, sin construcciones ni infraestructura permanente. También se detectaron incumplimientos a condicionantes ambientales y posibles afectaciones a la dinámica natural de la playa.
El señalamiento es grave porque confirma que el problema no era menor. Mientras pobladores, activistas y organizaciones advertían afectaciones al litoral, autoridades locales y estatales no actuaron con la firmeza que exigía el caso. El gobierno de Nayarit, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, sostuvo una postura política que no frenó a tiempo el avance del proyecto, mientras el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, apareció más como un operador alineado al poder estatal que como defensor efectivo de la playa.
Por eso resulta irónico que ahora Santana intente colocarse del lado de la victoria ciudadana. En sus pronunciamientos recientes, el alcalde reconoce a quienes alzaron la voz y asegura que su gobierno seguirá defendiendo el medio ambiente y el acceso libre a las playas. Sin embargo, para los habitantes que cargaron el conflicto desde el principio, el mensaje llega tarde: el Ayuntamiento no impidió que la obra avanzara, no encabezó una defensa contundente de los 20 metros de zona federal y tampoco logró contener el daño antes de que el caso escalara a nivel nacional.
La presión vino de abajo. Fueron los pobladores de Punta de Mita, ambientalistas, medios de comunicación, legisladores y actores políticos que acompañaron la causa quienes lograron romper el cerco local y llevar el tema hasta la Ciudad de México. La protesta se hizo viral, generó indignación nacional y obligó a la intervención de las dependencias federales.
Entre esas voces estuvieron legisladoras como Madrid Gwendolyne y Andrea Navarro, así como la presencia del senador Gerardo Fernández Noroña, quien acudió a la zona y respaldó el reclamo ciudadano. Pero el centro de esta historia no está en los políticos, sino en la comunidad que sostuvo la defensa de Playa Las Cocinas cuando las instituciones locales fallaron.
Semarnat también planteó a la empresa la necesidad de retirar voluntariamente las obras y ejecutar acciones de restauración ambiental, además de programar una visita técnica conjunta con Profepa y otras áreas federales para evaluar las condiciones del sitio y definir acciones correctivas. Aunque la demolición o retiro dependerá de los procedimientos administrativos, la autoridad federal ya puso sobre la mesa que las estructuras no pueden simplemente normalizarse.
El desenlace político es contundente: Playa Las Cocinas no fue salvada por el gobierno municipal ni por el gobierno estatal. La defensa real vino de la ciudadanía organizada. Las autoridades locales reaccionaron cuando el escándalo ya era nacional y cuando la federación confirmó que había elementos suficientes para revisar la concesión, las obras y el posible daño ambiental.
La dictaminación de Semarnat confirma que, desde el origen, la protesta fue legítima y que las obras presentaban irregularidades. Por ello, tanto el gobierno estatal como el Gobierno Municipal de Héctor Santana quedan exhibidos: o fueron omisos frente a ilegalidades visibles, o hicieron mal su trabajo permitiendo que el proyecto avanzara hasta que la presión ciudadana y federal los obligó a reconocer el problema.
Eso los coloca como villanos en esta historia.
#PrimeroVallarta TE INFORMA con la verdad