El Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó una iniciativa presentada por la regidora Melissa Madero Plascencia para intervenir y regular el comercio en la Plaza Pública de El Pitillal, luego de denuncias de vecinos, locatarios y comerciantes establecidos sobre desorden en la ocupación de espacios, instalación de vendedores externos, posible competencia desleal y presuntos cobros realizados fuera de los mecanismos oficiales del municipio.
El tema escaló luego de que el propio delegado de El Pitillal, Arnulfo Esparza Muñoz, reconociera públicamente que una comerciante realizó un depósito de mil pesos a su cuenta personal por el uso de un espacio público durante las fiestas patronales. Aunque justificó que el recurso se utilizó para gastos propios de las festividades, como pirotecnia, equipo de sonido, escenario y bandas, la admisión abrió un debate sobre el manejo de recursos generados por el aprovechamiento de áreas públicas.
De acuerdo con lo declarado por Esparza, el hecho ocurrió el 29 de septiembre del año pasado, cuando una comerciante le pidió instalarse con un puesto en la plaza. El delegado sostuvo que inicialmente le indicó que ya no había espacios, pero posteriormente se habría liberado un lugar donde normalmente se colocaba un vendedor de mariscos. Según su versión, pidió que la comerciante acudiera a la delegación para pagar una cooperación de mil pesos y recibir su recibo; sin embargo, la mujer habría solicitado depositarle directamente por practicidad.
“Yo no le vi lo malo”, afirmó el funcionario municipal, al señalar que, según él, todo el dinero recolectado se destina a cubrir gastos de las fiestas de El Pitillal. Sin embargo, el reconocimiento confirma uno de los puntos más delicados denunciados: que al menos un pago relacionado con el uso de un espacio público no ingresó inicialmente por una vía institucional de Tesorería Municipal, sino a una cuenta personal de un funcionario.
La situación resulta especialmente grave porque no se trata solamente de un debate sobre ambulantaje o comercio temporal, sino del manejo de recursos derivados del uso de bienes públicos. La plaza de El Pitillal pertenece a la ciudadanía y cualquier cobro por su aprovechamiento debe estar plenamente regulado, documentado y depositado en las arcas municipales, no depender de acuerdos informales, “cooperaciones” o criterios discrecionales de funcionarios delegacionales.
Durante la discusión del acuerdo edilicio, Madero Plascencia expuso que su iniciativa surgió tras múltiples reuniones con vecinos, comerciantes y locatarios, quienes denunciaron un problema acumulado en la zona: vendedores instalados sin claridad sobre sus permisos, ocupación irregular de espacios, afectaciones a la movilidad peatonal, saturación de áreas comunes, competencia desleal contra negocios establecidos y falta de transparencia sobre los cobros realizados en temporadas de alta actividad comercial.
La regidora señaló que, durante la revisión realizada para integrar la propuesta, encontró indicios de posibles cobros fuera de la normatividad municipal. En ese contexto, pidió que las autoridades competentes investiguen los hechos y determinen si existieron responsabilidades administrativas, omisiones o actos indebidos en la asignación, cobro y manejo de espacios comerciales en la plaza pública.
Aunque en sesión de Cabildo Madero no mencionó nombres, los señalamientos apuntan presuntamente al delegado municipal Arnulfo Esparza Muñoz, funcionario designado por el presidente municipal Luis Ernesto Munguía González. Tras la difusión del caso, el propio delegado sostuvo que está dispuesto a someterse a cualquier auditoría que determine el pleno del Ayuntamiento y a acatar las disposiciones aprobadas.
Esparza también reconoció que la delegación de El Pitillal, al igual que otras delegaciones municipales, no cuenta con presupuesto operativo asignado por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, salvo recursos para nómina. Según su declaración, gastos de mantenimiento, pintura, herramientas, gasolina y otras necesidades se han cubierto mediante aportaciones de comerciantes e incluso con recursos personales.
Ese argumento, lejos de cerrar el caso, exhibe un problema institucional mayor: si las delegaciones municipales operan sin recursos suficientes, el Ayuntamiento genera condiciones para que se normalicen cooperaciones, aportaciones informales y mecanismos opacos que pueden derivar en abusos, discrecionalidad o confusión entre lo público y lo privado.
Entre los puntos aprobados por el Cabildo destaca la instrucción a la Contraloría Municipal para realizar una auditoría financiera y de desempeño sobre el uso, aprovechamiento y administración de la Plaza Pública de El Pitillal. Esta revisión deberá aclarar quién autorizó la instalación de comerciantes, bajo qué criterios se asignaron los espacios, cuánto se cobró, a quién se cobró, si hubo recibos oficiales y por qué vía ingresaron los recursos.
También se ordenó a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias elaborar un censo de comerciantes, revisar permisos vigentes, regularizar actividades e inspeccionar que quienes ocupan espacios públicos cuenten con autorización formal. La medida busca distinguir entre quienes trabajan dentro de la normatividad y quienes se han instalado aprovechando la falta de supervisión o los vacíos administrativos.
El acuerdo aprobado contempla además la implementación de mecanismos oficiales de cobro para que cualquier ingreso relacionado con uso de suelo, comercio temporal o aprovechamiento de espacios públicos se deposite directamente en las cuentas del Ayuntamiento. Con ello se busca cerrar la puerta a pagos informales, cuotas discrecionales, transferencias a cuentas particulares o cualquier práctica ajena a la Ley de Ingresos del Municipio.
La iniciativa también plantea proteger al comercio local establecido, que ha denunciado afectaciones por la llegada de vendedores externos que ocupan espacios privilegiados en la plaza sin enfrentar las mismas cargas, obligaciones o costos que los negocios formales. Para los locatarios, el problema no es la actividad comercial en sí, sino la falta de piso parejo y la permisividad frente a quienes operan en condiciones ventajosas.
Asimismo, se contempla restringir la instalación indiscriminada de comerciantes ajenos a la delegación y establecer un calendario oficial para el comercio temporal en la vía pública, especialmente durante fiestas patronales, temporadas de venta y eventos comunitarios. La intención es evitar que la plaza sea ocupada de manera improvisada, sin planeación, sin control y sin certeza para vecinos, comerciantes y autoridades.
Melissa Madero sostuvo que el propósito no es perseguir a comerciantes ni afectar a quienes trabajan de manera honesta, sino recuperar el orden, transparentar los ingresos y garantizar que los espacios públicos no sean administrados con criterios personales o informales.
Con la aprobación del acuerdo, el Ayuntamiento deberá iniciar auditorías, censos, inspecciones y procesos de regularización para esclarecer qué ha ocurrido en la Plaza Pública de El Pitillal. El reto ahora será que la medida no quede solamente en el papel y que la Contraloría Municipal actúe con firmeza, especialmente después de que el propio delegado reconoció que recibió al menos un depósito en su cuenta personal por el uso de un espacio público.
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