El incendio registrado en el relleno sanitario El Gavilán, que se prolongó por más de cuatro días, no solo habría representado una emergencia ambiental y sanitaria para Puerto Vallarta, sino que podría convertirse en un caso de presunta responsabilidad penal contra autoridades municipales, si se acredita que hubo negligencia, omisiones o un manejo inadecuado del siniestro.
El ingeniero Carlos Álvarez Flores, especialista en gestión de residuos, cambio climático y temas ambientales, además de integrante del Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos sujetos a Convenios Internacionales, anunció que presentará una denuncia ante la PROFEPA contra el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, encabezado por el alcalde Luis Ernesto Munguía González, así como contra funcionarios y regidores que pudieran tener responsabilidad en materia ambiental tras lo ocurrido.
Dicho Comité es un órgano de consulta vinculado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), creado para promover la participación de especialistas y ciudadanos en la planeación, evaluación y propuesta de políticas ambientales relacionadas con sustancias químicas peligrosas, residuos peligrosos y contaminantes persistentes. Por ello, el señalamiento de Álvarez Flores no proviene de una opinión aislada, sino de un perfil técnico relacionado con la gestión ambiental de sustancias de alta peligrosidad a nivel nacional.
En entrevista con la periodista Susana Carreño, el especialista fue contundente y calificó al presidente municipal como “un delincuente ambiental”, al sostener que el manejo del incendio habría sido inadecuado y pudo provocar daños graves al ambiente y a la salud de la población expuesta al humo durante varios días.
La gravedad del señalamiento radica en que el caso podría encuadrarse, según lo expuesto por el ambientalista, en el Artículo 416 del Código Penal Federal, que contempla penas «de uno a nueve años de prisión y multas de trescientos a tres mil días a quien ilícitamente descargue, deposite o infiltre contaminantes, aguas residuales, líquidos químicos, desechos o sustancias peligrosas en suelos, subsuelos o cuerpos de agua de competencia federal, cuando se cause daño o riesgo de daño al ambiente, ecosistemas, recursos naturales, flora, fauna o calidad del agua».
Es decir, de comprobarse técnicamente que el incendio y su combate generaron contaminación en el subsuelo, lixiviados peligrosos o daño ambiental, el asunto podría dejar de ser una simple crisis administrativa y convertirse en una investigación penal ambiental con consecuencias serias: cárcel, multas y responsabilidades para quienes hayan ordenado, permitido, tolerado u omitido actuar correctamente.
Y es que Álvarez Flores señaló que un incendio en un relleno sanitario no debe combatirse como si se tratara de fuego común. Según explicó, este tipo de siniestros debe atenderse con protocolos especializados, incluyendo el uso de arena y químicos especiales para rociar los focos de ignición, ya que apagar residuos sólidos urbanos con agua convencional puede generar lixiviados altamente contaminantes, capaces de filtrarse al subsuelo y afectar áreas cercanas. Esto último, fue precisamente lo que los bomberos hicieron en El Gavilán. No se sabe si por falta de equipo, capacitación o negligencia.
Además, el especialista advirtió que la combustión de basura puede producir dioxinas y furanos, compuestos considerados entre los contaminantes más tóxicos por su persistencia en el ambiente y sus posibles efectos graves en la salud humana, incluídos daños cancerígenos entre quienes hayan respirando el humo. Estas sustancias pueden liberarse cuando se queman residuos mezclados, plásticos, materiales orgánicos y otros desechos sin control adecuado, por lo que el aire contaminado respirado por la población durante varios días no puede minimizarse como una simple molestia.
El riesgo, de acuerdo con esta visión técnica, no se limita al humo visible ni al mal olor. La emergencia pudo haber implicado exposición a partículas tóxicas, contaminación del aire, infiltración de líquidos contaminantes y afectación al suelo, con posibles consecuencias para comunidades cercanas y para trabajadores que participaron en el control del incendio sin las condiciones ideales.
Por eso, el señalamiento contra la administración municipal es delicado. Si las autoridades responsables del relleno sanitario no contaban con protocolos suficientes, si no actuaron con oportunidad o si permitieron que el incendio se prolongara durante días sin una estrategia ambientalmente adecuada, el caso podría ser leído como una negligencia grave en el manejo de residuos y protección ambiental.
La denuncia anunciada por Carlos Álvarez Flores obligaría a que las autoridades competentes investiguen cómo inició el incendio, cuánto tiempo permaneció activo, qué materiales se quemaron, qué método se utilizó para sofocarlo, si hubo monitoreo de calidad del aire, si se midieron lixiviados, si existió riesgo para el subsuelo y si se protegió debidamente a la población expuesta. Pero por la evidencia gráfica, todo apunta a que el Municipio no tomó ninguna precaución.
Por eso el caso de El Gavilán coloca al gobierno de Luis Munguía bajo una presión mayor: no se trata únicamente de explicar por qué ardió el relleno sanitario que un par de meses atrás les fue entregado intacto, sino de responder si hubo prevención, capacidad técnica, control ambiental y responsabilidad institucional. Porque cuando un incendio de basura dura varios días, libera humo tóxico y puede generar contaminantes peligrosos, la omisión también puede convertirse en una forma de daño.
Hasta ahora, será la autoridad ambiental y, en su caso, la autoridad ministerial, la que determine si los hechos constituyen un delito. Pero el señalamiento ya está puesto sobre la mesa: para el especialista Carlos Álvarez Flores, lo ocurrido en El Gavilán no fue un accidente menor, sino un posible delito ambiental de alta gravedad, con responsabilidades que podrían alcanzar al alcalde, funcionarios y regidores encargados de vigilar el manejo ambiental del municipio.
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