Lo que inició como una alerta ciudadana local en el municipio de Bahía de Banderas se ha transformado en una crisis de proporciones nacionales y un alarmante escándalo de opacidad gubernamental.
La profunda indignación social provocada por la destrucción ambiental de Playa Islas Cocinas ha roto definitivamente la barrera digital, luego de que la petición ciudadana lanzada en la plataforma Change.org superara la histórica cifra de las 200,000 firmas. Este hito digital catapulta el conflicto directamente al centro de la agenda pública del país y eleva la presión a niveles insostenibles para las autoridades, exigiendo de forma unánime la cancelación inmediata o una auditoría profunda a la Manifestación de Impacto Ambiental de un desarrollo turístico que avanza a costa del patrimonio natural.
Mientras la exigencia de justicia se vuelve viral, el panorama físico en el sitio del ecocidio es desolador y revela la velocidad con la que operan los intereses inmobiliarios. El polémico proyecto de construcción de un hotel de lujo avanza sin tregua alguna, y la colocación de un masivo muro de roca ya ha consumido prácticamente la totalidad de la zona de playa habitable, sepultando el ecosistema costero y modificando de forma irreversible la dinámica del litoral ante la mirada atónita de los pobladores.
A pesar de la gravedad del daño ecológico y la evidente pérdida del espacio público, las autoridades federales, específicamente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, han mantenido una parálisis institucional absoluta, guardando un silencio que raya en la complicidad al omitir el envío de inspectores para supervisar o clausurar las obras del muro de contención.
Esta inacción se alinea con la postura del Gobierno del Estado de Nayarit, cuya gestión ha sido calificada por colectivos y defensores del territorio como omisa y negligente, al permitir que se vulnere la legislación ambiental vigente con tal de favorecer un complejo residencial privado.
El conflicto ha tomado un tinte aún más oscuro debido a la persecución política y la criminalización de la protesta social en la región.
El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, quedó severamente expuesto tras declarar ante los medios de comunicación que no existían persecuciones judiciales ni procesos penales en contra de los ciudadanos que denunciaron las obras. La simulación oficial se desmoronó de inmediato cuando el activista Pepe Ávila difundió un video en redes sociales mostrando pruebas contundentes de las órdenes de aprehensión vigentes en su contra y de otros defensores del territorio, confirmando que la administración local y la fiscalía estatal han decidido usar el aparato de justicia para intimidar a la resistencia civil en lugar de fiscalizar a la constructora.
Ante este panorama de cerrazón local, la movilización ciudadana y el masivo respaldo en redes sociales buscan romper el cerco de impunidad en Nayarit. Los activistas señalan que este nivel de presión civil no es en vano, pues se espera obtener un resultado determinante que siente un precedente legal definitivo, tal como ocurrió recientemente en Mahahual, Quintana Roo, donde la movilización social, el litigio estratégico y la acumulación de millones de firmas forzaron la intervención del gobierno federal y de la Semarnat para frenar de forma definitiva el megaproyecto turístico Perfect Day de la naviera Royal Caribbean debido a sus destructivos impactos ambientales.
Firma la petición: https://www.change.org/…/alto-al-proyecto-que-busca…
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