Apenas dos de cada diez ciudadanos dicen aprobar al alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía González. Ese es, en términos simples, el tamaño del problema político que enfrenta el gobierno municipal a mitad de su administración, según la más reciente medición de la encuestadora Massive Caller, levantada el 5 de marzo de 2026.
Los números son contundentes. En el ranking de aprobación de alcaldes en Jalisco, Munguía aparece en último lugar, con 33.9% de aprobación, muy por debajo de alcaldes como Juan José Frangie en Zapopan (56.4%), Verónica Delgadillo en Guadalajara (55.6%) o María Elena Farías en El Salto (49.9%). La distancia no es menor: entre el primer lugar y el alcalde vallartense hay más de 22 puntos porcentuales de diferencia, una brecha que retrata con claridad el desgaste político del gobierno municipal.
Pero el panorama se vuelve aún más severo cuando se observa el indicador de confianza ciudadana. En ese rubro, Puerto Vallarta vuelve a ocupar el último lugar, y además por amplio margen: apenas 17.5% de los encuestados dicen confiar en el alcalde, mientras que municipios como Zapopan alcanzan 38.9%. En otras palabras, ni siquiera dos de cada diez personas dicen confiar en la administración municipal.
Es difícil encontrar en la última década un alcalde de Puerto Vallarta que haya caído tan profundamente en la percepción pública a mitad de su gobierno. Y lo más significativo es que esta medición no aparece aislada. En las últimas semanas varias casas encuestadoras —incluso algunas que en su momento fueron cercanas o contratadas por el propio gobierno municipal— han colocado al alcalde en posiciones bajas, dibujando una tendencia que ya resulta imposible de ignorar.
El contraste con el tercer indicador del estudio es casi irónico. En la medición de percepción de inseguridad, Puerto Vallarta aparece con 20.9%, el porcentaje más bajo del ranking. Sin embargo, ese dato no se traduce en respaldo político para el gobierno municipal. La baja aprobación y la casi inexistente confianza sugieren que los problemas que pesan sobre la administración van mucho más allá del tema de seguridad.
Entre los ciudadanos, la inconformidad se acumula por múltiples frentes. La ciudad enfrenta deficiencias persistentes en los servicios básicos, particularmente en la recolección de basura, mientras que proveedores municipales han denunciado retrasos en pagos. Al mismo tiempo, sectores empresariales y emprendedores señalan la falta de respaldo institucional de áreas clave como Turismo y Fomento Económico, dependencias que —según críticas del sector— no están impulsando estrategias claras para promover el destino ni para reactivar la economía local.
A ello se suma la percepción de un gobierno municipal ausente en momentos de crisis, con escasa capacidad de reacción ante los problemas públicos. En las calles, el diagnóstico cotidiano es visible: vialidades deterioradas, ausencia de nuevas obras relevantes y mantenimiento insuficiente de infraestructura urbana.
Ese cúmulo de factores empieza a reflejarse en el humor social. La baja popularidad que muestran las encuestas parece funcionar como un termómetro del enojo ciudadano acumulado, un malestar que ya no se queda en conversaciones privadas sino que comienza a reflejarse en números.
A pesar de ello, desde el gobierno municipal no se observa una autocrítica clara ni señales contundentes de corrección de rumbo. Por momentos, la actitud oficial parece la de quien prefiere no mirar los números rojos, como si ignorarlos pudiera hacerlos desaparecer. Algo parecido a un alcohólico que decide no ver la cirrosis esperando que el problema se resuelva solo. Sin embargo, las encuestas cumplen justamente la función contraria: mostrar el estado real del paciente político.
Y hoy ese diagnóstico no es alentador.
Si la tendencia que muestran las mediciones continúa, el escenario es claro: Luis Ernesto Munguía podría llegar al 2027 con niveles de desaprobación histórica en Puerto Vallarta, un desenlace que convertiría su administración en una de las más desgastadas políticamente de los últimos años. Porque cuando una encuesta coloca a un alcalde en el fondo del ranking, puede ser un mal día. Pero cuando todas comienzan a hacerlo, el problema ya no es la encuesta: es el gobierno.
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