Envían «comunicado» dándose «un balazo al pie», dónde admiten no tener capacidad de proteger a las mujeres
El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta finalmente ha tenido que reconocer, aunque sea de forma implícita y autoflagelante, la grave crisis de v1ol3nc1a y p3ligr0 que enfrentan las mujeres en la ciudad, sin que absolutamente nada se haya hecho desde sus instituciones para evitar o mitigar esta situación.
Las autoridades municipales hacen un reconocimiento de la crisis desde una postura de omisión y burocracia, a través de un escueto boletín de su defenestrada oficina de Comunicación Social.
Resulta alarmante que solo tras la denuncia pública de la regidora Melissa Madero sobre el acoso sufrido y la falta de protección institucional, el Ayuntamiento haya reaccionado con un comunicado que intenta justificar su inacción. En dicho documento, la administración de Luis Munguía admite que existe una «lista de espera» para la entrega de dispositivos de protección debido a que son «muchas las solicitudes», lo que confirma una demanda de auxilio que ha desbordado sus capacidades o su voluntad política.
A pesar de esta saturación de casos que ellos mismos confiesan, en las calles y colonias no se perciben más patrullas rosas ni alguna acción para mitigar la violencia de género, tampoco se tienen foros preventivos ni acciones concretas que ataquen la raíz del problema desde el Ayuntamiento.
Y es que la estructura asistencial y de políticas públicas parece paralizada, con un Sistema DIF ausente en la atención de este tejido social roto y un Instituto Municipal de la Mujer cuyo trabajo real y resultados efectivos permanecen en el total anonimato. La falta de transparencia es tal que la información sobre la magnitud de la crisis parece haber sido escondida deliberadamente, emergiendo solo bajo la presión mediática.
La situación de la regidora pone en evidencia el fallo sistémico, pues a pesar de que una jueza dictó medidas cautelares y el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) solicitó formalmente la asignación de un dispositivo «Pulso de Vida», el Comisario de Seguridad Pública y el Alcalde han sido señalados por ser omisos a dicha petición.
Este caso no es aislado, sino que representa el calvario que viven cientos de vallartenses que quedan atrapadas en la burocracia de un gobierno que afirma priorizar políticas de género en el papel, pero que en la práctica deja las solicitudes en espera de un «análisis riguroso».
El contraste entre el discurso oficial y la realidad es tajante; mientras el comunicado institucional asegura una «estrecha relación y coordinación» entre dependencias como la Comisaría y el Instituto de la Mujer, la v1ct1m@ denuncia que no ha recibido respuesta ni del CJM regional ni de las autoridades locales. Esta desconexión institucional sugiere que el aparato gubernamental está más preocupado por cuidar la imagen política de la administración que por garantizar la integridad física de las ciudadanas que solicitan protección urgente.
Finalmente, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta queda exhibido como un ente que solo actúa reactivamente cuando el escándalo toca sus puertas. Al admitir que la demanda de protección es «muy alta», confiesan que el municipio se encuentra en un estado de emergencia que no han sabido o no han querido comunicar con honestidad. Mientras el Sistema DIF y el Instituto de la Mujer sigan sin demostrar acciones preventivas reales, la supuesta protección a las mujeres continuará siendo una promesa vacía en una administración que ha decidido ignorar la gravedad de la crisis actual.